El reciente Informe de Política Monetaria del BCCR señala resultados de 2024 y posibilidades para 2025 y 2026 que son buenos en comparación con la evolución de la economía mundial y regional.
Con un crecimiento de la producción de 4,1 y 4 % para 2025 y 2026 lograría el país una de las tasas mejores entre los países de OCDE y un resultado muy superior a los de nuestra región, pues el Banco Mundial estima que América Latina y el Caribe apenas obtendrán 2,5 y 2,6% en esos años, y volverá a ser la zona en desarrollo con menor incremento.
Ese aumento es ligeramente inferior al estimado ahora para 2024 de 4,3% que se generó con un importante crecimiento de las exportaciones, del consumo privado y de la inversión.
Para ese año recién pasado el crecimiento acumulado de los últimos años ha permitido casi recuperar el nivel de ocupación previo a la pandemia, pero no suficiente dado el aumento de la población en cinco años.
Los datos referentes a las finanzas públicas los toma el BCCR de las estimaciones de Hacienda de diciembre recién pasado.
Con base en ellas considera que el superávit primario disminuirá por segundo año consecutivo en 2024, y que el déficit financiero aumentará, también por segundo año consecutivo. Pero aún con esos cambios negativos, ambos valores contribuyen a mejorar la situación fiscal de manera que se estima que la relación deuda pública a PIB al cierre del año 2024 es de 59,8% y por primera vez desde 2019 disminuirá de 60%. Esto permitiría una mayor tasa de crecimiento del gasto para 2026, y no afectaría para ese año la regla fiscal a la inversión pública.
Las estimaciones de Hacienda consideran que el superávit primario aumentará y el déficit financiero disminuirá en este año y el siguiente, con lo que la relación deuda a PIB bajaría a 58,8 a fines de 2026.
Estas son condiciones muy favorables que permitirían aumentar el gasto público para atender de mejor manera las tareas esenciales para el bienestar y el progreso nacional, que se han visto afectadas por la imperiosa necesidad de poner en orden las finanzas públicas, cuyo ajuste se pospuso por tantos años.
Pero dado el atraso en la atención de estas necesidades en educación, seguridad, salud, programas sociales e infraestructura y el perjuicio para la población de esos atrasos tanto en bienestar presente como en posibilidades de futuro, es necesario no contentarse con estos avances que son limitados y que están en el borde de caer de nuevo en la necesidad de mayores restricciones que se pueden originar por riesgos externos o locales.
La venta del Banco de Costa Rica y la concesión de activos ya en servicio para que empresas privadas paguen por el derecho de cobrar por su uso y se comprometan a dar mantenimiento de primer orden, pueden generar recursos adicionales sin necesidad de aumento de impuestos.
La concesión de obras públicas de envergadura puede acelerar el desarrollo de infraestructura que estamos requiriendo para mejorar el transporte público y disminuir costos de producción.
La apertura del monopolio eléctrico puede generar los mayores volúmenes de electricidad requeridos y bajar los costos, sin necesidad de tanto endeudamiento del sector público, evitar la quema de petróleo que se ha venido dando y se obtendrían los beneficios de energías limpias y de mayor competencia en su generación.
La redirección del gasto mediante restructuración del Estado puede transferir recursos hacia los rubros de gasto prioritarios.
Con esas medidas adicionales y con el avance logrado y las perspectivas de crecimiento y fiscales, nos sería posible atender las urgentes necesidades de progreso de las personas y recuperar la paz tradicional de nuestra sociedad.