
El Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina) está indignado porque a cinco de los 29 empleados que recibieron de forma irregular el pago de ¢110 millones por concepto de horas extra se les aplicaría el principio de \”buena fe\” como argumento legal para que no tenga que devolver la plata que se les pagó, a pesar, de que por su condición de confianza no tenían derecho al pago.
Luis Ricardo Quirós de Sitraina indicó que en una nota suscrita por el presidente ejecutivo de la institución, Minor Rodríguez, al asesor legal el 9 de marzo del 2015 le indica iniciar los procedimientos de cobro administrativo.
\”Lo curioso es que ese \”principio de buena fe\” que argumenta la auditoría solo beneficia a cinco y se trata de los funcionarios que eran asesores de la altas cúpulas en la pasada administración y ahora siguen en puestos importantes\”, expresó el sindicalista.
DENUNCIA PÚBLICA
En marzo pasado el diputado Fabricio Alvarado denunció que un informe de auditoría No.23-2014 reveló que 29 empleados del INA recibieron el pago de horas extra del 2011-2013 por un monto de ¢100.163.139,00 y concluyó que las funcionarios beneficiados lo hicieron de forma permanente durante el lapso de tres años.
Hicimos la consulta al experto laboral Erick Briones sobre ese \”principio de buena fe\” y nos indicó que \”La Sala Constitucional ha dicho que en los casos donde la administración por error da sumas de más tiene que demostrarle al trabajador cuáles son las sumas y ponerse de acuerdo con la persona para que la devuelva en tractos, porque lo que se busca es no afectar su salario mínimo\”, indicó el especialista.
Según Briones el error de la administración pública no genera derecho para ningún trabajador del sector público y subrayó que, si por una mala interpretación, o error se paga de más a los funcionarios tienen que devolverlos bajo el principio de la buena fe.
Consultamos sobre el polémico caso al presidente del INA Minor Rodríguez y respondió vía correo electrónico que \”de conformidad con el estudio realizado por la Auditoría Interna, la administración debía valorar, junto con la Asesoría Legal y la Unidad de Recursos Humanos, la procedencia de iniciar acciones para el retorno de lo eventualmente pagado\”, aseguró el representante del INA
Según Rodríguez se nombró una comisión integrada por la Unidad de Recursos Humanos, la Asesoría Legal y la Administración emitió un informe donde indica que se aplica el “principio de buena fe”, el cual está contenido en el Código de Trabajo y es reconocido por el derecho laboral y la jurisprudencia.
El diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración, lamentó que sean cinco funcionarios cercanos a la cúpula los que tengan el privilegio de no pagar esas horas, cuando el pago no procedía.