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El vicepresidente de la República, Stephan Brunner, defendió la polémica póliza para proteger a ministros en caso de que cometieran una falta contra terceros.
“La póliza es justa y necesaria para que el funcionario público pueda cumplir correctamente con sus funciones sin estar permanentemente poniendo en riesgo su patrimonio por cumplir con sus funciones como funcionario.
Hay una mala práctica de que cualquier funcionario puede ser denunciado por lo que sea y que la Administración da un paso al lado y dice al funcionario: ‘Usted defiéndase solo. Muchas gracias por su servicio, pero si lo demandan, usted queda solo’”, afirmó el jerarca.
“No le tememos a nada, pero para la defensa (judicial) tenemos que sacar de nuestro propio pecunio para defendernos. Aunque al final salgamos bien desde el punto de vista legal, hay repercusión para nuestro patrimonio. Eso no es justo”, agregó.
Esta (póliza) no nos resguarda de tortas ni de nada, es para los gastos legales de defensa que tenemos que devolver si somos condenados”, justificó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
El contrato de póliza de responsabilidad civil que busca el Gobierno es para indemnizar posibles errores o faltas que se cometan en el ejercicio profesional. Además protege al funcionario en caso de que se declare responsable por causar daños a un tercero, ya sea a la persona o a sus bienes.
La póliza tendría vigencia por un año, contado a partir de la firma del contrato, pero podría ser prorrogable por tres años más.
Hacienda presupuesta pagar como prima por el servicio más de ¢248 millones.
Brunner reconoció que él fue quien planteó desde 2022 el tema de la póliza ante el Consejo de Gobierno, el cual fue avalado “tardíamente” por Chaves. En ese mismo año dijo haber gestionado el tema con Mónica Araya, expresidenta del INS.
“Cuando se mancha el nombre de una persona injustamente yo la veo justificable (…) Es una mala práctica que cualquier funcionario puede ser denunciado, pero la Administración da un paso al lado y le dice al funcionario que se defienda solo. E so no es un buen patrono”.
Esas palabras generaron que los diputados aseguraran que los ministros pretenden “protegerse ante actos de corrupción”.
“¿Tenemos que pagarles póliza de vida a todos los vicepresidentes y el presidente? ¿Deberíamos pagarles su vehículo privado? ¡Eso es un absurdo!” dijo Vanessa Castro, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC).