El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) habría entregado más de ¢529 millones a hogares que no cumplían con los requisitos establecidos por la misma institución, entre los cuales se encontraban privados de libertad y personas fallecidas, esto según señala el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR).
Según indica el informe emitido por la entidad, un total de 2.625 hogares beneficiarios lograron infiltrarse en el “beneficio temporal por inflación”, el cual otorgaba ¢60.000 colones mensuales durante el último trimestre del 2022, extendido a enero y febrero del 2023.
“La entrega del Beneficio temporal por inflación no resultó eficaz, ya que no se alcanzó la meta de cobertura de hogares programada y se presentó una subejecución significativa del presupuesto asignado. Además, los beneficiarios recibieron la ayuda sin ser incorporados a un programa de estímulo, como lo estipula la Ley de creación del IMAS, n.° 4760”, señala el documento emitido por la CGR.
Bono a hogares
Ante la información dada a conocer, el IMAS emitió un criterio donde señalaron que “el Decreto Ejecutivo N°. 43670, que creó el beneficio temporal por inflación, definió que el beneficiario de este es un hogar y no una persona particular, lo cual implica que por haber fallecido un integrante del hogar o por contar su núcleo familiar con una persona privada de libertad, el resto del hogar deje de existir”.
Sobre el monto otorgado a estos hogares filtrados, la institución justificó que “el futuro de la protección social no serán los papeleos ni la burocracia, sino la clase de gestión que ejecutó exitosamente el IMAS en el beneficio por inflación, basada en la automatización y digitalización del servicio público”.
