BN y Caja en disputa por Alunasa
Empresa venezolana puso a responder inmueble en Juanilama de Esparza
Reclamo por deuda de ¢1.798 millones
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) demandó al Banco Nacional (BNCR) para recuperar ¢1.798 millones de una deuda por incumplimiento de pago de la empresa venezolana CVG Aluminios Nacionales, Sociedad Anónima (Alunasa).
No obstante, el BNCR interpuso una gestión ante el Juzgado de Cobro de Puntarenas qué tiene paralizado el proceso.
Y es que Alunasa había puesto a responder el inmueble ubicado en Juanilama de Esparza si no podía hacer frente a su obligación con el Seguro Social, mismo que está inscrito como propiedad del Banco Nacional.
La finca 6-238791-000, donde hoy están las que fueron las instalaciones de la compañía sudamericana, se ofreció como garantía hipotecaria a favor de la CCSS y forma parte de un fideicomiso del BNCR.
Así consta en el expediente 23-005818-1207-CJ del Juzgado de Cobro de Puntarenas.
DIARIO EXTRA supo que la Caja hizo las gestiones respectivas para que la propiedad saliera a remate y así recuperar el dinero adeudado, sin embargo, este proceso se frena ante el apersonamiento del Banco Nacional.
La entidad financiera aparece en el proceso como fiduciario de un contrato de garantía y administración de la sociedad Metallik, Ltda.
Información a la que tuvo acceso este medio indica que al banco le consta la inscripción del gravamen hipotecario a favor de la Caja, pero rechaza que la deuda sea en los términos que plantea la institución.
El Seguro Social inició el trámite ante el juzgado en julio de 2023, pero no es hasta ahora que se le da curso.
La propiedad tiene un valor de ¢3.754 millones, según consta en el Registro Nacional, y sobre ella pesan no solo la demanda hipotecaria por parte de la Caja, sino también una demanda ordinaria bajo el expediente 22-000456-0643-LA.
DIARIO EXTRA intentó obtener la posición del BNCR, quien aparece como propietario del inmueble en la escritura, y su director jurídico Hilel Zomer Befeler señaló que “por secreto bancario no es posible brindar información de fideicomisos privados a terceros”.
¿CÓMO EMPIEZA EL CASO?
CVG Aluminios Nacionales Sociedad Anónima firmó un convenio para arreglo de pago con la Caja el 22 de diciembre de 2020 por un monto de ¢1.680 millones.
No obstante, el monto adeudado hoy alcanza los ¢1.798 millones en reclamo y adicionalmente en la página de consulta de la institución aparece una nueva morosidad por ¢358 millones.
En el convenio de arreglo de pago queda claro que en caso de incumplimiento se ejecutaría la garantía hipotecaria.
En términos simples, la Caja podría rematar la propiedad si Alunasa no pagaba, y eso es justo lo que ocurrió.
Como parte de este acuerdo figura el Banco Nacional en representación del fideicomiso Metallik-BNCR.
El edicto para el remate de la propiedad tiene fecha 10 de setiembre de 2024 y es por un monto de ¢1.839 millones.
¿QUÉ ALEGA EL BANCO?
El BNCR alega que en el reclamo la CCSS señala las fechas de inicio y fin de cálculo de los intereses, sin embargo, no permitieron a la entidad financiera conocer el desglose del capital e intereses para saber cómo está conformada la deuda.
“Al encontrarnos ante este escenario, resulta notorio que la parte demandada (Banco Nacional) se encuentra imposibilitada para referirse apropiadamente sobre la eventual excepción de pago, la falta de exigibilidad de la obligación, ya que no existen los parámetros adecuados que permitan verificar la procedencia de los extremos reclamados en la demanda”, expuso la entidad financiera ante el juzgado.
Por otra parte, la pretensión del Banco Nacional era que se rechace la demanda interpuesta por la Caja.
¿QUÉ ADUCE LA CAJA?
En su momento la Caja indicó que el inmueble constaba de una planta industrial, un tanque de agua, una bodega general, una planta de gas y un bosque.
Además, indicó que la deuda estaba garantizada con una hipoteca en primer grado y en caso de eventual remate dejaría fijada como base la suma del capital adeudado, intereses y moratoria.
En el proceso de cobro de la Caja también figura Pablo Emilio José Gregorio Turmero Astros, último presidente de Alunasa, contra quien el Juzgado Penal de Puntarenas emitió una orden de captura.
La solicitud fue dictada el 10 de setiembre, luego de que no se presentara a una audiencia preliminar por un caso penal por las deudas con la CCSS.
La jueza Cindy Arenas detalla que la orden de captura se gira por “el incumplimiento de la conciliación y la no justificación del mismo”.
“Se revoca el acuerdo conciliatorio y con base a la constancia de la Unidad de Localización, Citación y Presentación de Puntarenas, visible en los folios 163 y 164, en la cual indica que el imputado Pablo Turmero Astros no es ubicable en el lugar dado en la indagatoria… Se decreta su rebeldía, se ordena la captura y remisión al despacho solicitante”, se lee en la resolución.
Actualmente la Fiscalía Adjunta de Puntarenas tramita la causa 22-000032-0431-PE contra Turmero, en la cual se le acusa por el delito de apropiación y retención indebida.
¿CÓMO COMENZÓ LA CRISIS DE ALUNASA?
La crisis en la empresa ligada al gobierno venezolano arrancó en 2018. En ese momento se presentó una primera solicitud de contratos de trabajo a 230 trabajadores.
Además, enfrentaba una crisis financiera y operativa que comprometió los ingresos de más de 400 colaboradores, así como a cientos de familias esparzanas que dependían directa e indirectamente de la empresa de aluminios.
La crisis generó cesación de pagos a proveedores, deudas con instituciones del Estado, demandas y anotaciones de demandas civiles, laborales y comerciales, así como el retraso en el pago de cuotas de la Caja.
Alunasa llegó a tener 38 embargos de vehículos, 21 demandas sobre propiedades, 40 sobre cuentas bancarias y 77 sobre maquinarias. Igualmente, sumó deudas por $2,8 millones con el Banco Nacional.
Incluso, en medio de esa incertidumbre el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) abrió un procedimiento a la empresa venezolana por estar atrasada con las cuotas obrero-patronales desde 2016.