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El bloqueo de la señal de teléfonos celulares, con lo cual se pretende frenar los hechos delictivos que se gestan desde las cárceles del país, tendrán algún grado de repercusión en las casas de habitación y establecimientos comerciales de los alrededores.
Así lo reconocen las autoridades las que aclaran que esto se daría por cuestiones de índole técnica.
Esta situación fue uno de los aspectos reconocidos por jerarcas de los ministerios de Justicia y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quienes comparecieron, ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, para ser consultados sobre el tema.
El proyecto de reglamento, que está en consulta pública, busca establecer los lineamientos y pautas para el bloqueo de la señal de celular en los sitios de privación de libertad.
Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones del Micitt, reconfirmó que, por un aspecto técnico, no existe una garantía de que no se afectará a terceros. Es decir, personas, negocios o servicios que se ubiquen en las cercanías de los centros penitenciarios podrían resultar afectados en sus servicios de comunicación.
“Es un tema que se ha venido discutiendo. No hay garantía de afectación o no afectación para terceros porque estamos hablando de un aspecto técnico. Si bien es cierto se pueden crear las condiciones una afectación mínima, es complicado de garantizar porque los privados de libertad y las organizaciones delictivas, siempre van más allá y muchas veces van por delante de las posibilidades del Estado.
(…) Lamentablemente no hay una garantía del 100% de la no afectación a los ciudadanos, a pesar de que sí hay una garantía de que se puede disminuir esa afectación”, agregó Estrada.
Al respecto Marcia González, ministra de Justicia y Paz, aseguró ante los legisladores que la afectación dependerá de las condiciones particulares de cada establecimiento.
DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA
De acuerdo con Pablo Bertozzi, director de Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, el grado de afectación a la población dependerá del tipo de tecnología que empleen los operadores para bloquear o inhibir la señal celular dentro de las cárceles.
Comentó que, dentro de las cárceles, por el ingreso de un celular los reos están pagando ¢100 mil y por introducir cargadores ¢40 mil cada uno.
Agregó que se han detectado casos de reos que pagan entre ¢500 mil y ¢600 mil por un buen teléfono, con el cual pueden seguir articulando sus actividades delictivas.
“La afectación será de unos 100 metros, desde el punto en el que se va a bloquear y la mayoría de las infraestructuras están alejadas. (…) En los centros que tienen población más cercana, se tendrá que analizar el tipo de tecnología que se va a emplear. No solo se trata de inhibidores, pues hay otros bloqueadores de señales de diferentes tecnologías que producen diferentes efectos, pero que pueden cumplir con los objetivos que andamos buscando y lo que establece la ley”, determinó Bertozzi
Recalcó que cada caso en particular se deberá analizar y escoger la tecnología que tenga la afectación pretendida a lo interno sin que se afecte de manera considerable a lo externo.
“Esto va a determinar el tipo de tecnología que se emplee. No es una tecnología que genere un bloqueo generalizado y afecte a los vecinos. Hay que estudiar el equipo que se va a utilizar para inhibir la señal”, agregó.
Comentó que el hampa, desde el punto de vista tecnológico, está más avanzado que la policía, al punto que se siente como “tigre suelto contra burro amarrado”. Lo anterior debido a que los delincuentes cuentan con tecnologías más actuales, al punto que se ha detectado el uso de drones para sus actividades delincuenciales, aspecto que se ha convertido en un asunto frecuente.
Luis Adrián Marín, jerarca del Micitt, manifestó que la tecnología conlleva un gran reto debido a que en materia de comunicación se da una rápida evolución.
“Esto nos va a generar retos día con día, sobre todo porque las operadoras tendrán que ver el tema sobre sus frecuencias”.
Los proveedores y operadores de telecomunicaciones harán las propuestas de tecnologías de bloqueo de señal celular al Ministerio de Justicia, una vez que el reglamento sea aprobado. El proceso de consulta acabará el 11 de febrero próximo.
INICIARÁ CON LA MITAD
Marcia González, ministra de Justicia, manifestó que una vez que entre en operación el reglamento de bloqueo de la señal celular, este se aplicará, de manera inicial, en la mitad de las cárceles del país. Esto se prevé para mediados de año, debido a que 9 establecimientos tienen severos problemas con las acometidas o tomas eléctricas, por lo que se les aplicará una serie de mejoras, pues no están en condiciones de dar el suministro de energía requerido por los equipos para hacer la inhibición.
En este sentido, la funcionaria señaló que el 90% de las cárceles del país se encuentran obsoletas y que muchas se ubicaron en infraestructura que tuvieron un uso previo distinto al de la actualidad.
Al respecto dijo que, junto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se está en un proceso de valoración y diagnóstico de las instalaciones. Esto con el objetivo de identificar los retos, establecer las mejoras que se requerirán pues el objetivo que, para final de año, los 18 establecimientos estén con el sistema de bloqueo en ejecución.
“Muchos de los centros penitenciarios, dependiendo de la tecnología que se vaya a escoger, no van a tener la capacidad de aguantar, las acometidas eléctricas (…) a veces no podemos poner aires acondicionados, abanicos o una serie de mejorar en los módulos que queremos construir”, reseñó González, quien enfatizó que se harán las mejoras correspondientes para las cárceles puedan contar con las condiciones para hacerle frente a las nuevas tecnologías.