Proceso ante Sistema Integrado de Compras Públicas
Una póliza atípica blindaría al presidente de la República, Rodrigo Chaves o sus ministros en caso de que cometieran una falta contra terceros, fueran demandados o incluso extraditados.
Además, dicho seguro no lo pagaría cada funcionario que pueda incurrir o le suceda alguna de estas situaciones, sino que saldría de los bolsillos de todos los costarricenses.
Eso sería así en caso de que prospere un cartel de licitación que existe en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), cuyo número de procedimiento es el 2024PX-000002-0009100001.
El cartel fue presentado a solicitud del Ministerio de Hacienda.
Este es el proceso que se lleva ante Sicop.¿CÓMO ES?
El contrato es para una póliza de responsabilidad civil que cubre al presidente de la República, a los dos vicepresidentes y tanto a todos los ministros como viceministros del Gabinete.
Una póliza por responsabilidad civil es aquella que se paga para indemnizar posibles errores o faltas que se cometan en el ejercicio profesional.
También protege al funcionario en caso de que se declare responsable por haber causado daños a un tercero, ya sea a la persona o a sus bienes. La póliza tendría vigencia por un año contado a partir de la firma del contrato, pero podría ser prorrogable por tres años más.
Otro punto es que el cartel sería por “procedimiento por excepción”. Hacienda presupuesta pagar como prima por este servicio hasta ¢248 millones.
¿QUÉ CUBRE?
Ni el INS ni el Ministerio de Hacienda se
refirieron al polémico contrato.La póliza incluye 15 posibles áreas de cobertura. Entre ellas se encuentran gastos de abogados por demandas que tuvieran en contra de esos jerarcas, coberturas para quienes incluye el contrato, aún si cambiaron de puesto o incluso ya se retiraron.
También abarca el pago de fianzas impuestas por jueces en el caso de detenciones, gastos de relacionistas públicos para defender la reputación del jerarca, gastos por procesos de extradición, costos de juicios y multas o sanciones civiles, costos por confiscación de activos, de preinvestigaciones, indemnizaciones por violaciones ambientales, entre otros.
“SEGURO ATÍPICO”
DIARIO EXTRA conversó con el abogado Manrique Jiménez, doctor en Derecho Administrativo, quien calificó la póliza como “atípica”, ya que podría violar los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y responsabilidad individualizada del funcionario en el cumplimiento de sus deberes.
El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece que el servidor público que haya actuado de forma inadecuada será responsable personalmente ante terceros. No obstante, dicha póliza, según Jiménez, quitaría responsabilidades en los funcionarios y la trasladaría al erario.
“Si es Hacienda el que va a pagar la póliza, seríamos todos los que asumiríamos el pago de posibles ilícitos que cometa un funcionario público. No puede ser que todos los costarricenses asumamos eso (…). La Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos establece que cada funcionario debe pagar su respectiva póliza y cumplir sus responsabilidades civiles. Una de las coberturas protegería en caso de extradición del funcionario (ver lista)”, enfatizó.
Sin embargo, la extradición de nacionales aún no está en firme. Ese punto también fue cuestionado por el experto.
“Habría que ver a qué se refieren con extradición porque en estos momentos lo que se está discutiendo es una reforma constitucional para extraditar en casos de terrorismo o narcotráfico, pero, vamos a lo mismo, lo pagaríamos todos los costarricenses”, advirtió.
ACCIÓN INUSUAL
Un criterio similar expresó el expresidente ejecutivo del INS y exministro de Hacienda Elián Villegas, quien indicó a Grupo Extra que la propuesta es extraña.
“No es para nada común, en realidad es el funcionario el que debe pagar la póliza. De lo que yo recuerdo, hay un antecedente en las Superintendencias donde el Banco Central los respalda dándoles una ayuda para pagar el abogado, pero no es un seguro como tal”, acotó.
Villegas también comentó que habría que ver si el INS va a reasegurar la póliza (generarle un seguro a esa misma) porque si no ocurriría que una institución pública se encontraría asumiendo el pago de indemnizaciones por la forma en que actúen los funcionarios públicos.
El exjerarca también explicó que la póliza solo funcionaría para las actuaciones posteriores a la firma del contrato, las que hubiesen ocurrido antes tendrían que ser cubiertas por el funcionario.
¿RETROACTIVA?
Aún sin conocer los términos del contrato, Jiménez dejó claro que la póliza no podría ser retroactiva para los funcionarios públicos.
“¡La póliza es improcedente! Por ende, ni siquiera debería cubrir de forma retroactiva. Es decir, si un ministro tiene 30 denuncias en su contra y mañana se aprueba esa póliza, que no debería ser, no podría cubrirlo. Habría que conocer los términos y creo que el Gobierno debería mostrar los documentos de forma transparente”.
El abogado calificó la medida como sui generis, salida de todo contexto, totalmente desproporcionada e irrazonable.
¿QUÉ DICE PRESIDENCIA?
DIARIO EXTRA consultó a la ministra de la Presidencia Laura Fernández sobre el tema.
La jerarca explicó que esta iniciativa la ha venido manejando el Ministerio de Hacienda y además solicitó que se le remitiera una consulta formal mediante correo electrónico para brindar respuesta.
Al cierre de nota, no hubo reacción desde Zapote.
Este medio conoció que, durante esta Administración, se insistió con la polémica póliza en Casa Presidencial. Sin embargo, la persona que no quiso acceder a firmar la propuesta fue cesada de su cargo.
HACIENDA NO RESPONDE
Este medio también consultó a dicha cartera. En el caso de su máximo jerarca, Nogui Acosta, indicó que “no podía contestar por estar en Washington”.
Al señalársele que esta nota saldría publicada hoy, refirió al Departamento de Prensa de Hacienda. La misma posición tomó Luis Antonio Molina Chacón, viceministro de Egresos.
En el caso de Rudolf Lücke Bolaños, viceministro de Ingresos y actualmente ministro a.i., ni siquiera contestó los mensajes de DIARIO EXTRA.
INS PIDE CORREO
Por otra parte, se solicitó al INS una declaración formal sobre la póliza para jerarcas del Gabinete, los criterios técnicos para asumirla y si consideraban reasegurar el contrato.
Desde el Departamento de Prensa pidieron que se remitiera un correo con las respectivas consultas. Dicha oficina confirmó haberlas recibido e indicaron que estaba “en trámite”. Al cierre de edición, no hubo ninguna respuesta.
CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República refirió el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual impone para todo encargado de “recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos” tiene el deber de rendir una garantía con cargo a su propio patrimonio.
Además, debe resarcir a afectados por “eventuales daños y perjuicios sobre el patrimonio institucional, cuando se acredite alguna responsabilidad por parte de los funcionarios encargados de dichas tareas”.
Aunque la CGR asegura que la ley impone a todo encargado de “recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos” el deber de rendir una garantía con cargo a su propio dinero, en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, lo común es que sea el propio funcionario quien pague la póliza y no el mismo Estado con fondos públicos.
