El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra con lupa en mano para visualizar el rumbo que tome el país en relación con el caso Diamante.
La entidad considera la posibilidad de establecer sanciones, las cuales rondarían desde una amonestación hasta la inhabilitación temporal o permanente para la participación de proyectos.
Los allanamientos del pasado 15 de noviembre que estremecieron al país tuvieron como epicentro municipalidades e inclusive las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En la actualidad existe un préstamo vigente por $144 millones, de los que se desembolsaron $54 millones para el financiamiento de proyectos de carácter municipal.
Se intentó obtener una reacción de Elián Villegas, ministro de Hacienda, pero no contestó las llamadas al cierre de edición.