BID apuesta por alianzas público-privadas

Una de las prioridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su trabajo estratégico para Costa Rica 2025-2027 es colaborar en la potenciación de alianzas público-privadas (APP), así como contribuir en la actualización nacional para impulsar este tipo de iniciativas.

De acuerdo con la entidad internacional, la participación del sector privado es fundamental para movilizar recursos y generar impactos positivos en sectores estratégicos, por lo que se contempla la creación de mecanismos que faciliten la participación empresarial en la ejecución de proyectos.

Tal como explica Francisco Urra, representante de esta institución financiera en el país, existen diversas limitaciones de mercado e institucionales para la colaboración del sector privado en el desarrollo de infraestructura.

Señala que el entorno de obras públicas enfrenta normativas restrictivas, trabas institucionales, carencia de competencias y restricciones financieras, por lo que buscan acompañar a la institucionalidad para mejorar la situación.

“Aquí no estamos hablando ni discutiendo sobre la privatización de sectores públicos, lo que queremos es ofrecer soluciones que luego puedan ser consideradas en la discusión política”, manifestó.

Añade que se pueden utilizar vías tradicionales, como la concesión de obras, pero también mecanismos como el reciclaje de activos, fideicomisos, estructuraciones y otros vehículos.

“Los mecanismos son diversos, pero lo que vemos es que Costa Rica no tiene las capacidades necesarias a nivel estructural para manejar proyectos de APP de la forma en que deberían gestionarse”, concluyó. 

Asegura que estas alianzas podrían no solo construir vías, puertos y aeropuertos, sino infraestructura para el saneamiento del agua o el desarrollo del sector salud y educativo. 

Proyecto en estudio 

El viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, mencionó que en la actualidad se analizan varias reformas en la Asamblea Legislativa, las cuales también están siendo estudiadas por el Ejecutivo con el apoyo de la institución financiera.

La más avanzada es el expediente 24.009, que corresponde a la “Ley Marco de las asociaciones público-privadas”. Esta propuesta busca establecer nuevas regulaciones para el desarrollo de proyectos mediante contratos de asociación entre las instituciones estatales y el sector privado. “Vemos que ese texto está muy maduro, y estuvimos conversando desde un enfoque técnico con la colaboración del BID para explorar la posibilidad de trabajar un texto en conjunto”, comentó Molina.  

La iniciativa está siendo analizada por la Comisión de Infraestructura, y hasta ahora se han presentado 137 mociones, la mayoría por parte del Gobierno y el Frente Amplio, según informó Molina.