BCR pagaría por abrir celular de JCB

El Banco de Costa Rica (BCR) se habría ofrecido a pagar por la apertura de un celular que fue decomisado en la casa del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños (JCB). 

Así consta en una nota del 6 de diciembre, en poder de DIARIO EXTRA, la cual forma parte del expediente 16-000013-0033-TP.

El Diario del Pueblo solicitó una respuesta del antiguo banco negro, pero al cierre de la edición no hubo ninguna. 

Sin embargo en el documento Ana Francis Marín Madrigal como apoderada del BCR ofrece ayuda a la Fiscalía General de la República para asumir los costos.

Aduce que existe un interés por saber si se está en presencia de una eventual actividad delictiva y que como el banco es víctima resulta importante esclarecer los hechos.

“Debemos recordar que el Banco de Costa Rica es una institución pública que compone parte del sector bancario público y administra y custodia recursos públicos”, indica la nota. 

Agrega que: “De determinarse la existencia de una acción antijurídica y culpable, se están viendo afectados los intereses de todos los costarricenses, por lo que se le informa que el Banco de Costa Rica en aras de la búsqueda de la verdad real de los hechos, tiene la posibilidad económica de sufragar los gastos relacionados con la ejecución de la pericia conforme a la factura proforma que se encuentra adjunta”.

HASTA 2021

La Fiscalía argumenta que no tiene dinero para abrir el celular y existe la probabilidad de conseguirlo hasta 2021. Frente a este escenario, si no consigue la plata, no podría presentar lo contenido en el teléfono como una presunta prueba.

La causa se conoce popularmente como cemento chino y se investiga un presunto tráfico de influencias, peculado y otros delitos contra la función pública.

Este medio dio a conocer ayer que Paola Mora, expresidenta del BCR, alegó ante la Contraloría General de la República que no se hizo un concurso público para contratar a la empresa que presuntamente abriría el teléfono. 

A su criterio, aparte de posiblemente violentar la Ley de Contratación Administrativa, podría haber un desperdicio de recursos porque el celular decomisado en cuestión no es el mismo al que el Organismo Investigación Judicial (OIJ) le aplicó un estudio de llamadas.

FISCALÍA CONFIRMA
FALTA DE FONDOS

DIARIO EXTRA consultó la fiscala general de la República, Emilia Navas, sobre el tema. La máxima jerarca del Ministerio Público confirmó que no cuenta con presupuesto para este tipo de diligencias.

“No lo contó para el 2019 y no lo cuenta para el 2020, por eso es que vamos a hacer otro tipo de diligencias para buscar recursos para poder llevarla a cabo. Son procesos caros porque son aspectos tecnológicos y la persona que realice la diligencia tiene que ser alguien experto y tener los programas y la tecnología necesaria”, manifestó. 

Con respecto a por qué los teléfonos tienen un IMEI distinto dijo: “Eso es un asunto de fondo y no puedo referirme al respecto”.

Respecto a cuándo se presentará una acusación, Navas indicó que en ningún caso se puede decir en qué fecha va a concluir esta etapa.

“Lo que sí puedo adelantar es que en estos momentos estamos analizando toda la prueba que llegó al legajo y consideramos que en unos seis, ocho o nueve meses vamos a tener el proyecto de acto conclusivo ya realizado”, expresó.

El acto conclusivo es la decisión sobre si el caso se envía a juicio, si formulan una acusación, se da una desestimación o se solicita un sobreseimiento.