BCCR cuestiona participación de acreedores en resoluciones financieras

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se opone a crear un mecanismo de participación formal de ahorrantes y acreedores en los procesos de resolución financiera. La Junta Directiva emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 25.594, que busca incorporar a estos grupos en el proceso de intervención de entidades financieras.

“Lo que uno ve es que agrega costos y no estamos claros cuáles son los beneficios. No observo ningún beneficio tangible de cómo se está proponiendo”, manifestó Róger Madrigal, presidente del Banco Central.

La iniciativa, propuesta por Antonio Barzuna Thompson, plantea que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) convoque a una asamblea de ahorrantes y acreedores al inicio de un proceso de resolución. Esta elegiría un comité consultivo e informativo que serviría como canal de comunicación con la autoridad encargada del proceso.

El comité podría solicitar información general, transmitirla a los afectados y formular recomendaciones. Aunque estas no serían vinculantes, el proyecto también le permitiría oponerse a la recomendación de resolución con el respaldo de al menos el 50% de los acreedores.

El Banco Central considera que esa posibilidad podría afectar la credibilidad y la agilidad de las resoluciones, incluso si la oposición no obliga a la autoridad a cambiar su decisión. La institución también señala dificultades para convocar a los acreedores y lograr una representación adecuada en entidades con numerosos depositantes.

“Hay un elemento adicional que se menciona en el criterio, que es que se habla de 50% más de los acreditados, pero esos son individuos o unidades jurídicas. En ningún momento se hace referencia a una importancia relativa por el monto en el cual tenga cada persona, no hay una ponderación por ese monto”, explicó Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR.

Según el análisis expuesto ante la Junta Directiva, una votación basada en la cantidad de personas podría permitir que acreedores con una exposición económica pequeña tengan una influencia relevante, sin considerar cuánto representan sus depósitos o créditos dentro del total.

El Banco también cuestiona que el proyecto no detalle las consecuencias de una oposición ni delimite con precisión qué información podría compartirse. A criterio de la institución, esa falta de claridad podría generar riesgos para la confidencialidad.

Madrigal advirtió que los procesos deben ejecutarse con rapidez y objetividad, porque el ruido alrededor de una entidad intervenida puede provocar movimientos de fondos y contagio hacia otras instituciones financieras. El análisis técnico también señala que convocar una asamblea en un plazo máximo de 30 días hábiles representa un reto logístico y podría prolongar el proceso.

El criterio institucional sostiene que los estándares internacionales protegen a los acreedores mediante salvaguardas legales, como el respeto a la jerarquía de los créditos y los mecanismos de absorción de pérdidas, en lugar de darles participación directa en las decisiones de resolución.

Además, el Banco rechaza que los costos de los administradores de la resolución se trasladen al presupuesto del Conassif. La legislación vigente establece que esos gastos sean cubiertos por la entidad intervenida, con el propósito de evitar el uso de recursos públicos, no socializar pérdidas privadas y reducir el riesgo moral.

El análisis reconoce que algunas medidas del proyecto, como prevenir conflictos de interés entre quienes supervisan una entidad y quienes ejecutan su resolución, son compatibles con los objetivos de gobernanza. Sin embargo, señala que esas disposiciones ya se contemplan en una reforma más amplia de la Ley 9.816, correspondiente al Expediente 24.256.

Alonso Alfaro
Economista jefe del BCCR

“No queda muy claro cómo se procede a partir de una oposición y partamos de que no tiene una consecuencia vinculante, pero sí tiene una consecuencia en términos del proceso que sigue el resolutor”.

Róger Madrigal
Presidente del BCCR

“La celeridad y la objetividad son importantes porque en el sistema financiero las entidades son muy proclives al contagio, entonces, más ruido, más probabilidad de contagio”.