No existe claridad sobre cuál sería el impacto de la venta del Banco de Costa Rica (BCR) en la reducción de la deuda pública. Así de contundente fue la contralora general de la República, Marta Acosta, al referirse al proyecto de ley que se maneja bajo el expediente N.º 23.331.
Acosta acudió a la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute dicha iniciativa, y expresó a los diputados que incluso podría haber roces de constitucionalidad y un intento de huida de la Ley de Contratación Administrativa.
“La propuesta tiene como finalidad disminuir la deuda, pero no se refleja en qué magnitud, no se tiene claridad de cómo se cumplirá con dicho objetivo”, dijo la funcionaria ante los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos.
La funcionaria mencionó que esto es imposible de determinar porque no se tiene un estimado sobre el precio ni una valoración de todas las etapas que conlleva el proceso.
“El proceso de venta es complejo, requiere preparación. Previo a un proceso de este tipo se debió contar con una adecuada metodología para lograr un precio razonable y atraer a posibles compradores”, expresó Acosta.
A la fiscalizadora del Estado le preocupa el hecho de que se haga todo el proceso para convertir al BCR en una sociedad anónima y al final no se logre la venta. “¿Qué harán entonces con el banco?, porque no tendría activos ni pasivos”, replicó Acosta.
VACÍOS EN EL MARCO JURÍDICO
Añadió que el proyecto de ley es omiso en temas como los costos del proceso y otros más allá del valor de mercado.
Parte del problema es que no hay estudios de mercado ni precios históricos para tomar un valor de referencia.
En sus palabras también hay vacíos en el marco jurídico aplicable y parte del contenido de la iniciativa podría contravenir aspectos de la Ley de Contratación Administrativa. Considera que en ello debe haber claridad por la transparencia que un negocio de este volumen requiere.
“Por eso yo he dicho que este proyecto debe verse de manera integral. No hay un análisis de la propuesta, ni de su rentabilidad social ni un precio de venta esperado. Tiene que haber un balance entre calidad y precio”, señaló.
Acosta considera que muchos de estos detalles podrían haberse abordado por parte de la propuesta del gobierno, pero no se hizo.
SE HABLA DE DIFERENTES PRECIOS
En este momento, han circulado diferentes precios para poner valor a la entidad financiera. El gerente general del BCR, Douglas Soto, habló de $1.000 millones y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se ha referido a $2.700 millones. No se tuvo información sobre el patrimonio neto, pero el contable ronda los $685 millones.
“Falta información para establecer el impacto que podría tener sobre las finanzas públicas. El tema de la deuda requiere de una diversidad de medidas, si el país decide vender un activo no va a ser suficiente, va a haber que tomar otras medidas”, enfatizó Acosta.
La contralora finalizó su participación pidiendo que se ponga mucho cuidado al traslado de activos, negocios y pasivos al Banco Nacional.