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Costa Rica enfrenta una crisis silenciosa pero urgente: el colapso inminente de su sistema de gestión de residuos sólidos.
El caso del Parque Ambiental El Huazo, que en apenas 6 meses redujo su vida útil de 11 a 2 años, es un síntoma alarmante de un problema estructural que ha sido ignorado por demasiado tiempo.
El cierre técnico de rellenos como Los Pinos en Cartago y Uruca en La Carpio ha convertido a El Huazo en el principal receptor de basura del Valle Central.
Actualmente, 32 cantones, más de la mitad del país, trasladan sus residuos hasta Aserrí, lo que implica que los desechos de más de 2,6 millones de personas terminan en un solo punto.
Esta concentración no solo es insostenible, sino que también representa una amenaza ambiental y sanitaria de gran magnitud.
La respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, reactiva. Aunque el Ministerio de Salud ha emitido reglamentos para limitar el traslado de basura a más de 80 kilómetros, y se discute la posibilidad de enviar residuos a Limón, estas medidas no abordan el problema de fondo: la falta de una política nacional integral de gestión de residuos.
Las municipalidades, por su parte, han fallado en implementar sistemas efectivos de separación, reciclaje y valorización de residuos.
A pesar de que la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839) establece responsabilidades claras, la mayoría de los gobiernos locales siguen operando bajo esquemas obsoletos, sin infraestructura adecuada ni campañas sostenidas de educación ambiental. El resultado es un sistema que depende casi exclusivamente del entierro de basura, una práctica insostenible en el tiempo.
Resulta injustificable que por décadas la casi totalidad de los municipios ha sido incapaz de implementar en sus comunidades sistemas de separación de residuos, un principio que debería estar hoy integrado como parte de la rutina familiar.
Pero no toda la responsabilidad recae en las autoridades. La ciudadanía también tiene una cuota importante en esta crisis. La falta de cultura de separación en origen, el consumo desmedido de productos de un solo uso y la indiferencia ante el destino final de nuestros residuos son factores que agravan el problema. No podemos exigir soluciones si no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos.
Es hora de que el país asuma con seriedad el reto de transformar su modelo de gestión de residuos. Esto implica inversiones en infraestructura, fortalecimiento de capacidades municipales, incentivos para la economía circular y, sobre todo, voluntad política para implementar cambios estructurales. También requiere una ciudadanía activa, informada y comprometida con el ambiente.
El Huazo no puede convertirse en el nuevo Río Azul. No podemos seguir enterrando basura y, con ella, nuestras oportunidades de construir un país más limpio, justo y sostenible. Las autoridades deben actuar ya, con visión de largo plazo y responsabilidad compartida. Porque cada día que pasa, estamos más cerca del límite.