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Uno de los temas que generan mayor debate entre la población son las pensiones de lujo. Estos privilegios causan molestia entre la ciudadanía costarricense, puesto que son condiciones que gozan muy pocas personas a costa de muchas. Los diferentes partidos políticos en los últimos años han coincidido en que estas pensiones son un abuso que daña las finanzas del Estado y han convenido recortarlas o ponerles topes. ¡Indudablemente es un tema donde coinciden los partidos políticos!
Ante esta situación en los últimos años se han aprobado una serie de acciones que han servido para recortar y poner tope a las pensiones de lujo. La primera de ellas fue la directriz MTSS-012-2014, documento que firmé como ministro de Trabajo para aplicar el artículo 3 de la Ley No.7858. Esa norma impone un límite a las pensiones de lujo en el momento que se cumple una serie de condiciones.
Ese tope generaba un ahorro significativo al Estado. Ninguna pensión de lujo podía exceder 10 veces el salario más bajo pagado a la Administración Pública, lo que equivale actualmente a ¢2,7 millones.
Sin embargo este paso que dimos ha tenido contratiempos, a esos mandatos se les pusieron recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad que condujeron a su suspensión temporal. La Sala IV dijo hace unos días que decidirá sobre esos recursos y es una noticia que espero con muchas ansias. Estoy seguro de que la directriz se ajusta al marco de legalidad e implica un ahorro urgente en momentos complicados para las finanzas públicas.
Esa acción fue acompañada posteriormente por la aprobación de varios proyectos de ley para seguir poniéndoles freno a las pensiones de lujo. Gracias a dichas iniciativas, el Estado ha ahorrado cerca de ¢10.856 millones.
¿Qué medidas contemplan esas nuevas leyes? Se elimina, por ejemplo, la posibilidad de que hijos de exdiputados gocen de las pensiones de lujo de sus padres, luego de su fallecimiento (Ley No.9381). Esto generó un ahorro estimado en ¢365 millones.
Además la Ley No.9380 aumentó las cuotas tanto a los funcionarios activos como a los pensionados incorporados a cualquiera de los 14 regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Eso significa que les tocará pagar más por contar con un privilegio al que no tiene acceso la mayoría de los costarricenses.
A todo ello se debe agregar el pago de una contribución especial, según establece la Ley No.9383. Dicha contribución es otra herramienta para castigar a las pensiones de lujo más altas.
No omito recordar que esa misma ley, de la exdiputada Sandra Piszk, frenó el aumento anual del 30% a las pensiones de los exdiputados que aún mantienen dicho privilegio, posterior a la eliminación de dicho régimen en la década de 1990.
Las leyes No.9383 y No.9388 son parte de ese conjunto de iniciativas para afrontar los excesos de las pensiones de lujo. Juntas establecen nuevas contribuciones especiales y límites al crecimiento, medidas justas en momentos de emergencia fiscal. Además tenemos la reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asigna contribuciones solidarias para aquellas personas con pensiones mayores a los ¢4,5 millones.
Estas acciones se construyen bajo la responsabilidad política de diversos actores para frenar el despilfarro y los privilegios abusivos. La Asamblea también se ha puesto manos a la obra, varios compañeros y compañeras han planteado iniciativas recientemente que tendremos que analizar, como las presentadas por la diputada Franggi Nicolás del PLN y la fracción del PUSC.
La coyuntura nacional demanda trabajar en estos temas incómodos, ante la necesidad de producir grandes acuerdos, hay que trabajar en esos temas que nos unen para mejorar la Costa Rica del siglo XXI.
*Diputado