• Para resguardo de menores
La información de personas condenadas por delitos sexuales estará disponible en una base de datos con el objetivo de resguardar la integridad de los menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad.
Este instrumento forma parte de una propuesta que pretende disminuir la cantidad de estos delitos sexuales y generar el rastro de los ofensores para que algunas instituciones públicas o privadas conozcan el perfil del personal que van a contratar.
Se trata del expediente 23.886, “Ley para creación de registro público de los sentenciados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual”, que recibió el visto bueno de los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La base de datos facilitaría la identificación y localización por parte del Estado y el sector privado, vinculado con el cuido y tutela de menores, de las personas con antecedentes de delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual.
Gloria Navas, diputada proponente, destacó que la importancia del proyecto responde a que es una herramienta preventiva porque registrará a estos agresores sexuales.
“En un registro de este tipo se da seguimiento no solo a las personas sentenciadas, pero el tema es la prevención y ese es el concepto, no una sanción, pero previene porque el abusador sexual es generalmente reiterativo”, declaró.
La independiente explicó que después de que estos agresores cumplen la condena, lo que se les pide es un cambio de domicilio, que no vivan cerca de escuelas.
“No es una discriminación, es un tema preventivo para que no se acerquen a los niños o personas que ya fueron ofendidas; por otro lado, es importante que se extiende a trata de personas en el turismo sexual”, agregó.
La diputada oficialista Pilar Cisneros indicó que su bancada está a favor de la propuesta, pero quieren conocer el criterio del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), ya que este con sus recursos financiará el registro.
Tras la aprobación unánime de los miembros de dicho foro legislativo, el texto sustitutivo pasará al Congreso para ser analizado en el plenario.
PROYECTO
La aplicación de esta ley sería en todo el territorio nacional, tanto para acción de la administración del Estado como para el sector privado.
Además el registro puede sumar información de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de la Organización International de Policía Criminal (Interpol) o de registros de delincuentes sexuales que operen en otros países.
En esta base de datos no podrá estar la información de personas menores de edad, mientras que el manejo, uso y resguardo de la información del registro estará bajo la administración del Poder Judicial.
Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Costarricense de Turismo, Sistema de Emergencias 911, municipalidades y cuerpos policiales, así como instituciones públicas y privadas de educación y salud, pueden acceder a este registro.
El mal uso de este registro implicará una sanción de seis meses a un año de prisión y el resarcimiento económico, así como prohibir su utilización a la persona infractora.
