El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) pudo haber hecho pagos de más al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) por el desarrollo de una base de datos.
Se trata del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (Sicid). Un peritaje externo concluye que construir un sitio como ese podría rondar los ¢49 millones, sin embargo, a lo interno del Conapdis se valoró en ¢780 millones.
Así se desprende del acta 29 del 10 de diciembre de 2020, a la que DIARIO EXTRA tuvo acceso. En esa sesión la junta directiva discute sobre la pertinencia de enviar esta información al Ministerio Público por tratarse de algo “complejo”.
Al final se tomó el acuerdo JD-246-2020, en el que solicitan a la asesoría legal externa que haga una recomendación de la ruta a seguir, aunque algunos directivos discreparon del mismo aduciendo que ya tenían suficiente información sobre este convenio Conapdis-TEC como para dilatar más tomar una decisión.
El criterio del área de asesoría legal de la entidad es que no sería posible únicamente presentar un informe en la Fiscalía, puesto que necesitan saber cuál es la pretensión, tener más elementos, la redacción de la denuncia tiene que estar debidamente fundamentada y de igual manera, considerar si hay un ejercicio de la acción civil resarcitoria, porque el proceso penal lo único que hace es castigar un ilícito, pero si la administración a raíz de los hechos requiere un resarcimiento de orden patrimonial, se requiere el proceso civil.
¿PROYECTO UNIVERSITARIO?
Para Harry Barrantes Fallas, ingeniero contratado por la junta directiva para hacer el peritaje, al día de hoy, el Sicid es un proyecto universitario, con un orden extraño o mejor dicho, con un grado de desorden que quizás lleva una planificación no muy estructurada.
“Los módulos, la forma como está construido, las herramientas que utiliza son gratuitas, las bases de datos son gratuitas, así como el certificado de seguridad, es decir, el desarrollo se hizo utilizando la mínima inversión”, explicó.
Adujo que la plataforma es confusa, carece de muchos elementos, citando como ejemplo una persona que no sabe nada de Lesco se da cuenta que el avatar no mueve la boca, derivando en más inquietudes y se cuestionó cómo lo perciben las personas sordas.
De acuerdo con el ingeniero, hay muchísima oportunidad de mejora para estructurar la plataforma y llevarla a otro nivel, refiriendo que, en cuanto a los costos, se debe dialogar internamente, pero en el Conapdis tienen las herramientas y el personal para hacerlo.
BANCO CENTRAL CREA TRES SITIOS MÁS COMPLEJOS CON ESE MONTO
Como el proyecto se tuvo que entregar antes de ser concluido, aduce que será la administración y el departamento de Tecnologías de Información los que se encarguen del certificado de seguridad, por lo que sugiere tomar en cuenta estas recomendaciones y cualquier otra que venga para que se logren las mejoras técnicas sustanciales de seguridad y hasta puedan pensar en el diseño de un sitio web y las mejoras que correspondan para este año.
“Para tener una noción, la contratación administrativa que tomó en cuenta el Banco Central para crear tres sitios que son más complejos, quizá (50%) que el Sicid, y que tienen conectividad con diferentes instituciones y otras características, esa contratación administrativa que consta en los adjuntos del informe, en su momento lo que pagaron fue ¢60 millones”, dijo.
ERA UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON GARANTÍA
Entretanto, la directora ejecutiva del Conapdis, Lizbeth Barrantes Arroyo, adujo que cuando se firmó la carta de entendimiento para desarrollar el Sicid lo hace con el TEC porque era una universidad pública que tiene un sello de garantía, saliendo en el último estudio como una de las mejores universidades de América Latina.
Es por eso que le llaman mucho la atención las afirmaciones hechas por el perito que podrían tener toda la validez y argumentación, pero que espera estén argumentadas en el informe teórica y conceptualmente, porque se estaría hablando de una valoración de precios considerable.
Barrantes Arroyo solicita, en este sentido, iniciar una comunicación con el TEC donde este pudiera exponer sus argumentos o puntos de vista para determinar quién tiene en estos momentos la verdad.
CONTRATO YA SUPERA
LOS ¢1.300 MILLONES
Consultada sobre el tema, Barrantes Arroyo accedió sin problema a responder las consultas de este medio, dado que se trata de una institución pública.
No pudo precisar el monto, pero sí nos confirmó que el desarrollo de la base de datos, que señaló no puede considerarse una plataforma, ya supera los ¢1.300 millones.
Explicó que no se trata del convenio original con el Tecnológico, pero sí del mismo oferente y desarrollo, pues la universidad fue la única interesada en participar de una licitación hecha a través del Sistema Compras Públicas (Sicop) para este proyecto, luego de ser cuestionada su primera etapa.
A DIARIO EXTRA llegó información de que este caso ya está en manos del Ministerio Público, pero eso se lo contaremos en la siguiente entrega.
-Lizbeth
Barrantes
Directora
Conapdis
“Habría que iniciar un diálogo con el Instituto Tecnológico de Costa Rica donde este pudiera exponer sus argumentos o puntos de vista para determinar quién tiene en estos momentos la verdad”.