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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no encontró rastros de incremento en el ingreso de los funcionarios del Banco Popular relacionados con el empresario Juan Carlos Bolaños.
Esto luego de revisar las cuentas de los banqueros y otros colaboradores de la empresa Sinocem.
DIARIO EXTRA tuvo acceso al informe con fecha del 26 de setiembre de 2019, donde se indica que “con base en la información bancaria analizada no hubo un intercambio de dinero, de recurso económico entre Juan Carlos Bolaños, Javier Rojas Segura, Mario Cortés Zuñiga o Mensajería Externa Menex S.A hacia las cuentas bancarias pertenecientes a los funcionarios del Banco Popular”.
Según este documento, el caso se relaciona con la causa 17-000013-0033-TP, que se tramita contra Bolaños y otros, por el presunto delito de tráfico de influencias, en perjuicio de la Hacienda Pública.
La Fiscalía había solicitado un análisis del comportamiento financiero de las cuentas bancarias de los funcionarios del Popular de apellidos Arias Silesky, Bogantes Brenes, Alpízar Hidalgo, Thompson Camacho, Gómez Barrantes y Delgado Negrini.
El Ministerio Público pretendía identificar si existieron ingresos distintos al salario entre los funcionarios bancarios que hoy figuran como imputados y de ser así ver el origen.
También se quería analizar la cantidad de ingresos versus la cantidad de egresos de las cuentas de los imputados. Otra duda era si hubo mayores ingresos en los períodos de negociación, análisis y formalización del crédito, incluso posterior a la formalización del mismo.
Además de determinar si existieron transacciones directas entre los imputados Bolaños, Rojas y Cortés. La conclusión del OIJ fue que esto no ocurrió de acuerdo con la trazabilidad de las cuentas bancarias.
Delgado Negrini es quien registró un volumen más alto de ingresos, pero se corroboró que provenía de un préstamo con Bancrédito. En cuanto a Alpízar Hidalgo se observaron también otros ingresos, pero provenientes de inversiones a la vista.
DIARIO EXTRA consultó al Ministerio Público sobre cómo va el caso. A través de la Oficina de Prensa indicaron que: “En respuesta a su consulta, la Fiscalía General indicó que la causa 17-000013-0033-PE avanza en el proceso de investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. Las personas que cumplen medidas cautelares tienen impedimento de salida del país y firmar una vez al mes”.
En marzo de 2018 se produjo la detención de los funcionarios con un amplio despliegue, cuyo trabajo era dar el visto bueno para el otorgamiento de los créditos en el Popular.
Para aquella oportunidad se habló del supuesto delito de peculado, que implica la malversación de fondos públicos. Ahora se dice que podría tratarse más bien de tráfico de influencias.
En este caso, la sospecha es que Bolaños pudo obtener un crédito más una línea de refinanciamiento en condiciones irregulares en el Banco Popular. El préstamo también fue para traer cemento chino.
La Fiscalía investiga si los detenidos obviaron los trámites para asegurar que el crédito sería pagado.
A través de la prensa se había puesto en duda si Bolaños otorgó al Popular como prueba los mismos DUAS (documentos únicos aduaneros), que había puesto a responder por el crédito de $20 millones con el Banco de Costa Rica (BCR).
Bolaños recibió del Popular una línea de crédito por $5 millones en 2015 y obtuvo un refinanciamiento por un monto similar en 2017.