Si un banco público enfrenta una situación como la de Coopeservidores, R.L., el Estado se hace responsable de los dineros ahorrados por las personas. Esto dejaría de ser así si se aprueba una iniciativa del Ejecutivo.
Esto viene contenido en el proyecto de ley 24.256, presentado el 11 de abril. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Una de las razones que apunta el Gobierno para presentar este plan es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó una serie de cambios que se enfoca en el desarrollo de un marco para la planificación de la resolución de entidades financieras.
El Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Nacional (BN) son bancos públicos que poseen este apoyo del Estado, lo que da tranquilidad a los inversionistas de que sus dineros están seguros.
“La garantía estatal no puede hacerse efectiva en situaciones normales, no solo por la responsabilidad del banco por su operar y la titularidad de un patrimonio propio, sino, fundamentalmente, porque al hacerse efectiva se está transfiriendo el riesgo tanto del ahorrante como de la propia entidad bancaria al contribuyente”, indica la exposición de motivos del proyecto.
De aprobarse el expediente 24.256, los bancos públicos tendrían que recurrir primeramente al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), como las demás instituciones del Sistema Financiero Nacional.
En segunda instancia deberían acudir a un mecanismo extraordinario, mediante el cual se establece que la Autoridad de Resolución podrá solicitar al Ministerio de Hacienda el apoyo financiero necesario para llevar a cabo la resolución de la entidad.
SUGEF APOYA PROPUESTA
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ve con buenos ojos la iniciativa gubernamental. Incluso hizo un llamado a los legisladores a aprobarla.
De hecho, el ente supervisor determina que “debido a la carencia en el presupuesto nacional que permita asistir financiera y operativamente la materialización de la garantía estatal, se incluye la supresión gradual de la garantía del Estado a sus bancos, a cambio de la presupuestación, por parte del Ministerio de Hacienda, del soporte financiero que pudiera requerir un proceso de resolución en un caso extremo, donde la ayuda estatal sea el último recurso para salvaguardar una crisis sistémica”.
AFECTACIÓN A LOS BANCOS
Carlos Fernández, exgerente general del BN, tiene una visión diferente a la del gobierno en su propuesta y a la de la Sugef.
“El país tiene dos joyas de la abuela que son el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, y precisamente por la garantía del Estado es que son activos muy valiosos”, comentó.
Otro problema que detecta el especialista es que esto tiene un impacto directo en los clientes de estas instituciones, ya que no estarían amparados por el Estado en caso de que algo ocurriera.
Un tercer problema que encuentra se relaciona con la competencia que podrían enfrentar dichas instituciones financieras, ya que las colocaría en desventaja respecto a los bancos privados.
“No se está emparejando la cancha porque resulta que, además de los impuestos que pagan las otras instituciones, los bancos estatales realizan otros aportes como el 3% de utilidades para la Comisión Nacional de Emergencias, le hacen un aporte al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.
Si se aprueba una iniciativa así, entonces deberían eliminarse esas contribuciones para que la cancha esté pareja”, criticó el exgerente.
Carlos Fernández
Exgerente general Banco Nacional
“En la valoración del riesgo financiero es igual a invertir en un banco privado que invertir en un banco del Estado, por lo tanto esa garantía del Estado, que es un activo intangible, se pierde. En la propuesta se desconoce de los aportes parafiscales que los bancos estatales hacen al Estado y que sin la garantía estarían en desventaja con los bancos privados”.