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El Banco Central de Costa Rica (BCCR), dice tener todo el derecho para solicitar datos crediticios a cualquier banco del país. Así lo manifestó ante una consulta de DIARIO EXTRA.
“La misma información solicitada a Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) puede ser solicitada directamente a las entidades financieras”, respondió el Central.
De hecho, como lo adelantó el periódico de más venta, hasta ahora solo el Banco Nacional se habría negado a suministrar los datos de manera individualizada. Esto mientras analizaba temas de legalidad.
El ente emisor insiste en que no trasfiere información a terceros. Esto con relación al temor de que datos que pudiera haber recibido de Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fueran expuestos.
El Banco Central solicita “registros administrativos a las entidades públicas con el propósito únicamente de producir las estadísticas que le encarga la Ley. Si alguna entidad necesita datos de la CCSS o de Tributación debe plantear directamente la solicitud a la entidad que los produce”, indicaron.
Por otra parte, la entidad confirmó que la Sugef conocía de antemano la solicitud para pedir datos sobre sus deudores con fines estadísticos, cuya noticia ha generado críticas de todo tipo y desde diferentes sectores.
“Sí, en efecto existieron reuniones tanto presenciales como virtuales entre personeros de la Sugef y del Banco Central previas al acuerdo de junta para tratar el tema de la solicitud de información”, indicó el Banco Central a DIARIO EXTRA.
SOLO LA FISCALÍA PUEDE
DETERMINAR SI HAY DELITO
En el Banco Central aseguran que llevaron a la Sugef ante los Tribunales de Justicia porque encontraron una falta al ordenamiento jurídico y eso era lo que procedía.
“El Banco Central ha actuado en atención a la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de denunciar toda conducta que pueda constituir una falta al ordenamiento jurídico, en particular si esta conducta pudiera configurar un delito perseguible de oficio, según lo dispuesto en el artículo 281, inciso a) del Código Procesal Penal, so pena de incurrir en un incumplimiento de deberes”, explicó el BCCR.
“Ante tal denuncia, es el Ministerio Público el único competente para investigarla y decidir lo correspondiente, en apego a la legalidad (…). La determinación de si se ha configurado un delito o no y de calificarlo es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público, pero el deber de denunciar el hecho es del Banco Central, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico”, puntualizó.
SE MANEJABA COMO
CONFIDENCIAL
Por un asunto de confidencialidad, la entidad prefirió guardar silencio sobre la denuncia penal antes de que la Procuraduría de la República diera su posición sobre el caso.
“Cabe destacar que el BCCR guardó confidencialidad de la denuncia por respeto al principio constitucional de inocencia y en defensa de la reputación de las personas potencialmente involucradas en el aparente hecho ilícito denunciado, así como en las implicaciones que el tema tendría para la reputación del Banco Central y de sus órganos desconcentrados. Asimismo, se reitera que la determinación de la existencia o no de un ilícito penal y su calificación respectiva son competencia exclusiva del Ministerio Público. El Banco Central continuará siendo coherente con el principio de legalidad, el cumplimiento de sus deberes y la satisfacción del interés público en todas sus actuaciones”, aseveró el ente emisor a DIARIO EXTRA.