Banco Popular advierte riesgos en su capacidad crediticia y patrimonial ante proyecto del Gobierno

La entidad señala pérdida de ¢150 mil millones por plan del Gobierno

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El traslado de recursos del Banco Popular al Régimen No Contributivo (RNC) de Pensiones reduciría en ¢150.028 millones la capitalización acumulada de la entidad entre 2027 y 2030, según un análisis financiero elaborado por la propia institución.

La advertencia surge por el proyecto de ley 25.721, presentado por el Gobierno de Laura Fernández, que propone destinar al pago de pensiones el aporte patronal del 0,25% de los salarios que actualmente permanecen en el banco. La iniciativa recibió dictamen favorable en comisión legislativa y avanzó al Plenario para continuar su discusión.

“La eventual reasignación del aporte patronal del 0,25% eliminaría una fuente recurrente que cumple funciones de capitalización y fondeo estable”, señala el criterio institucional del Banco Popular, remitido a la Asamblea Legislativa.

El documento, firmado por la gerente general corporativa, Gina Carvajal Vega, contiene estimaciones sobre los efectos que tendría la reforma en la suficiencia patrimonial, la colocación de créditos y las utilidades de la institución.

El informe remitido posteriormente por la entidad identifica riesgos financieros que se acumularían durante los próximos años, aunque aclara que los escenarios analizados no provocarían incumplimientos regulatorios inmediatos.

El aporte que dejaría de percibir la institución equivale a aproximadamente ¢37.507 millones anuales. Actualmente, esos recursos permiten fortalecer su patrimonio y financiar parte de sus operaciones crediticias sin recurrir a captaciones que generen intereses.

La advertencia contrasta con las declaraciones de Fernández cuando presentó el proyecto, el pasado 19 de agosto, como una alternativa para financiar nuevas pensiones sin aumentar las cargas sociales.

“El banco nos dijo: ‘estoy sobrecapitalizado, no me hace ni cosquillas que se lleven ese 50% de la cuota del aporte patronal’”, aseguró entonces la mandataria.

La presidenta afirmó que la propuesta había sido discutida en una mesa técnica con participación de representantes del Banco Popular y que su situación financiera permitiría trasladar los recursos sin comprometer sus operaciones.

Menos capacidad para créditos

El Banco Popular elaboró dos escenarios para calcular los efectos de eliminar esa fuente de financiamiento.

En el primero, la entidad compensaría la reducción mediante un menor crecimiento de su cartera de créditos de vivienda, empresariales y corporativos. Bajo este supuesto, las utilidades netas proyectadas para 2030 disminuirían ¢7.548 millones, mientras que el indicador de suficiencia patrimonial pasaría del 18,32% previsto en el escenario base al 15,85%.

La segunda alternativa consiste en sustituir los aportes patronales mediante una mayor captación de depósitos de ahorro y cuentas corrientes. Esta opción permitiría sostener una mayor actividad crediticia, pero implicaría asumir costos de financiamiento adicionales. La utilidad neta se reduciría ¢1.401 millones y la suficiencia patrimonial alcanzaría un 15,68% en 2030.

La institución explica que, aunque ambos resultados se mantendrían por encima de los requerimientos regulatorios considerados en el estudio, disminuiría el margen para enfrentar pérdidas inesperadas y sostener nuevas operaciones.

Además, el debilitamiento de la capitalización podría limitar los recursos disponibles para programas de banca social y financiamiento de sectores con mayores dificultades de acceso al crédito.

Trámite en la Asamblea

La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminó favorablemente el expediente 25.721 el pasado 22 de octubre.

La iniciativa recibió tres votos a favor de diputados de Pueblo Soberano y dos en contra de legisladores de Liberación Nacional. Posteriormente, avanzó al Plenario, donde deberá continuar el trámite antes de convertirse en ley.

La propuesta busca trasladar los recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), exclusivamente para financiar pensiones de adultos mayores en pobreza extrema y pobreza básica.

Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, el dinero permitiría otorgar 31.221 nuevas pensiones y atender aproximadamente 30 mil solicitudes pendientes al cierre de 2025.

La reforma no modificaría el aporte obligatorio del 1% que realizan los trabajadores al Banco Popular ni los recursos patronales que ya se destinan al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).