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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una modificación presupuestaria por ¢245 millones para trasladar esos recursos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), como parte de la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Emergencias correspondiente al superávit presupuestario libre de 2025.
El monto equivale al 3% de los ¢8.179 millones que el BCCR determinó como superávit libre, luego de excluir recursos con destino específico. La Junta Directiva aprobó el ajuste por unanimidad y en firme durante la sesión del 7 de octubre de 2026.
“De acuerdo con la Ley 8.488, las entidades públicas que tienen superávit presupuestario deben trasladar un 3% de ese superávit a la Comisión Nacional de Emergencias. El Banco Central en el 2025 registró, por primera vez, por lo menos en mucho tiempo, un superávit presupuestario”, explicó Pablo Villalobos González, gerente del Banco Central.
El artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo establece que las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación deben girar ese porcentaje del superávit presupuestario acumulado, libre y total que reporten. Los recursos se depositan en el Fondo Nacional de Emergencias.
El Banco reportó inicialmente un superávit presupuestario total de ¢9.340 millones para 2025. Sin embargo, determinó que ¢1.161 millones correspondían a recursos con destino específico, provenientes de aportes de los entes supervisados para financiar los órganos de desconcentración máxima.
Por esa razón, el monto total no podía utilizarse directamente como base para calcular el aporte a la CNE. Tras excluir esos recursos, el Banco fijó el superávit libre en ¢8.179 millones y calculó en ¢245 millones la contribución que debe transferir.
El gerente explicó que el resultado presupuestario y el financiero del Banco no son equivalentes, pues se calculan con criterios distintos.
El acuerdo autoriza el giro una vez que se cumplan los requisitos presupuestarios, financieros y administrativos correspondientes. Además, ordena a la Administración comunicar a la Contraloría General de la República los ajustes realizados en la composición del superávit reportado para 2025, con la distinción entre recursos libres y específicos.
El aporte se realiza en cumplimiento de la Ley 8.488 y corresponde al período presupuestario 2025. Los ¢245 millones deberán depositarse en el Fondo Nacional de Emergencias.