El Banco Central de Costa Rica (BCCR) rindió explicaciones ante el millonario pago de intereses en el que incurre en el país. Según la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el monto asciende a ¢195 millones por hora, es decir unos ¢5 mil millones diarios.
El Central respondió a una serie de consultas que envió la ANEP, donde cuestionó también al Ministerio de Hacienda por la precaria situación económica que atraviesa el país.
Precisamente el BCCR encabezó la respuesta, haciendo referencia al impacto que tuvo la pandemia sobre las finanzas del país.
“El impacto sobre las finanzas públicas fue brutal. Los ingresos totales registraron una caída de ¢586.924 millones. Se trata de la caída en los ingresos más alta desde la crisis de los años 80”, indica la respuesta del Banco Central. El documento es firmado por el ministro de Hacienda, Elián Villegas, y el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero.
El documento también explica que la pandemia generó gastos adicionales por ¢294.172 millones.
ENDEUDAMIENTO
La misiva añade que para este año el Gobierno espera tramitar $2.583 millones en préstamos para tener apoyo en el presupuesto, y para el 2022 planea solicitar $1.033 millones adicionales, algunos de los préstamos se encuentran en trámite mientras que otros se están estructurando.
DEUDA PÚBLICA
Uno de los datos en los que más insistió la ANEP es sobre el valor total de la deuda nacional.
“La deuda en colones del Gobierno Central sin incluir a los órganos desconcentrados es de ¢24.289 millones. Una vez que se agregan los órganos desconcentrados el total de la deuda del Gobierno Central es de ¢24.426 millones”, cita la respuesta.
El Banco agregó que al menos un 58,5% de la deuda se encuentra en colones, mientras que un 41,5% está en moneda extranjera, con una gran mayoría en dólares.
TENEDORES DE LA DEUDA
La ANEP solicitó un detalle sobre quiénes son los acreedores de la deuda nacional, sin embargo, el documento expresa que no es posible enlistarlos por nombre y apela a una resolución de la Sala Constitucional que menciona que puede resguardarse la confidencialidad de un inversionista y solo revelar las condiciones en que se hizo una negociación.
El documento fue copiado a varios sectores sociales como el solidarismo, el cooperativismo, organizaciones sindicales e inclusive a la Conferencia Episcopal.