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El Banco Central de Costa Rica se encuentra negociando una millonaria consultoría, valorada nada más y nada menos que en casi ¢1.500 millones, a espaldas del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Así lo reconoció el ente emisor ante un cuestionamiento de El Periódico de más Venta en Costa Rica. Lo extraño de todo es que este medio tiene copia del acta, donde el presidente del ente emisor, Olivier Castro, dice que Solís sí sabía.
Del acta de la Sesión 5720-2016 se extrae textualmente: “Olivier Castro Pérez, presidente del Banco, informó que, recientemente, había invitado al señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, para hablar sobre diferentes temas. Particularmente le planteó ese aspecto, en virtud del cual él manifestó que le parecía que era razonable. Sin embargo, indicó que era importante compartirlo con un grupo de gente y que procedió a brindarle los nombres”.
Es probable que el banco a lo que hacía referencia es que no le ha dicho al Presidente que subieron el monto del contrato de ¢930 millones a casi ¢1.500 millones y es probable que su ministro de Hacienda, Helio Fallas, tampoco haya explicado al mandatario de dónde sacará la diferencia de ¢600 millones.
DIARIO EXTRA publicó este lunes una denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde pide explicaciones a Solís por las contradicciones en su gobierno.
Si bien el Banco Central es un ente autónomo que se maneja con presupuesto propio, es Solís quien nombra al presidente de dicha entidad y nuevamente surge la duda de la línea de comunicación entre Casa Presidencial y las instituciones autónomas del gobierno.
REUNIÓN O NO REUNIÓN
El Banco Central también reconoció, como lo publica hoy DIARIO EXTRA, que hubo una reunión con funcionarios de la Contraloría para hablar de “aspectos metodológicos”.
El órgano contralor también confirmó que, de previo a que se realizara el intento por la aprobación del jugoso contrato, hubo un encuentro.
La Contraloría también dijo a este medio que el banco emprendió una nueva acción, que se presume es otro intento por obtener la aprobación, debido a que la gestión fue rechazada desde enero de este año.
DE AFUERA
El Banco Central dice que requiere una empresa que haya tenido experiencia internacional en procesos similares de modernización en bancos centrales porque esto garantiza que la institución implemente una organización de primer nivel con visión vanguardista.
Otro elemento a considerar es que el Banco Central y en general las empresas públicas locales no cuentan con metodologías y herramientas tecnológicas que les permitan acelerar los procedimientos y brindar resultados en tiempos relativamente cortos, en beneficio de una reducción de plazos para contar con las recomendaciones, el plan de implementación y garantizando que los resultados sean comparables con otros bancos centrales, según indicaron.
Añadieron que en el supuesto caso que se contara con todos los recursos y requisitos internos para ejecutar esa tarea, también es crítico tomar en cuenta potenciales conflictos de interés que podrían enfrentar los funcionarios que se asignaran como responsables de las labores relacionadas, “toda vez que podrían afectar la objetividad en las posibles soluciones que fueran a proponer”.
TRES VECES MÁS
DIARIO EXTRA también quería saber si es cierto que implementar las recomendaciones de la firma internacional McKinsey & Company cuesta tres veces el precio de la consultoría, como se dice en los pasillos de la entidad financiera.
No obstante, el Banco Central no respondió cuál es el costo real de este proceso.
Quisimos consultar al ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien se encontraba este lunes en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no fue posible debido porque se escurrió entre la gente.
Fallas es quien actualmente lleva la batuta en la aprobación de impuestos y de acuerdo con las actas parece creer que es el momento idóneo para gastar ¢1.500 millones en una reestructuración institucional.
NO SE JUSTIFICA
LA NECESIDAD
La Contraloría General de la República emitió una opinión sobre la solicitud del Banco Central, donde señala que no se logró identificar “razones que justifiquen la necesidad de realizar un procedimiento de compra directa a McKinsey & Company”.
Esta empresa es una experta internacional en consultorías de tipo bancario y recientemente este gobierno anunció con bombos y platillos su expansión en Costa Rica.
Se presume que Olivier Castro, jerarca del Banco Central, tiene conocimiento de la compañía, pues El Periódico del Pueblo supo del proceso que realizó el Banco Nacional cuando contrató a la misma empresa, mientras él era directivo de esa entidad financiera.
La firma cuando se constituyó en el país puso como agente residente al actual ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González.
FALTA DE CLARIDAD
Del mismo oficio de la Contraloría DCA-0028, del 12 de enero de 2017, se dice que no hubo claridad en cuanto a la forma en que el banco valoró supuestamente a tres empresas para determinar que McKinsey & Company era la mejor.
“No se logra desprender con claridad cuáles fueron las valoraciones a cada una de ellas en función de los términos de referencia. Así las cosas… las razones brindadas no resultan de suficiente mérito para que este órgano contralor le exima de la realización de un procedimiento ordinario”, indicó la Contraloría.
Este es el razonamiento del órgano contralor, aunque el Central quiera negar públicamente que se pretende contratar a dedo.
En apariencia cuando el banco solicita que se pase la contratación por vía directa, no adjunta el acuerdo de la junta directiva donde habilita dicho trámite, señala la Contraloría.
Tampoco existe claridad en cuanto a la partida presupuestaria, pues de lo que se habla es de un contenido de ¢930 millones, es decir la Contraloría y los costarricenses quieren saber de dónde sacará el Banco Central los ¢600 millones restantes para hacer este gasto cuando el país afronta una crisis fiscal.