Manrique Morales, fiscal de la Fiscalía de Garabito, recibió un ataque armado afuera de su apartamento en Jacó, cantón de Garabito.
El funcionario judicial iba llegando a su hogar cuando observó la presencia de dos personas en una moto al final de la calle, según indicó a DIARIO EXTRA.
Al bajarse del carro y cerrar el portón, los sujetos dispararon directamente a su vehículo y el apartamento. Al menos, se habrían hecho unas 12 detonaciones.
El fiscal relató que al momento del ataque logró cubrirse detrás de una columna para protegerse de los impactos de bala.
En la escena se encontraron casquillos de arma 9 milímetros, que enviaron para su análisis a laboratorios de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Tras consulta de El Periódico de más Venta en Costa Rica, Morales indicó que no había recibido ningún tipo de amenaza previa o reciente.
No obstante, afirma que el atentado fue directo en contra de su vida.
Por otra parte, le preguntamos de forma directa si había llevado algún caso relacionado con organizaciones del crimen organizado, no obstante, no quiso referirse al tema.
Sin embargo, DIARIO EXTRA conoció que hace poco más de un año habría tenido a cargo algunos casos relacionados con organizaciones criminales del Pacífico Central.
REACCIONES
El Ministerio Público (MP) lamentó el evento y aseguró que la policía judicial lleva a cabo la investigación para reunir pruebas y esclarecer los motivos del ataque.
“Hasta esta hora no se cuenta con ninguna hipótesis confirmada, lo que significa que, pese a la gravedad de los hechos, no se puede afirmar que estos se vinculan con su condición de fiscal ni tampoco que los mismos estuvieran dirigidos específicamente contra él. Precisamente, serán las investigaciones las que nos permitan conocer el fondo de lo acontecido”, comunicó el Ministerio Público.
Por el momento no quiso dar más detalles debido a que la fase inicial de investigación es privada.
PREOCUPACIÓN
El Periódico del Pueblo conversó con Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), quien había manifestado una real preocupación por el tema.
“Esto ha sido una constante y se ha materializado, no solo jueces y fiscales se han visto afectados por todo el tema del crimen organizado, esto no es un tema nuevo”, expresó.
Aseveró que esto es un círculo vicioso y no solo ellos se ven afectados con la inseguridad que enfrentan, sino también sus familiares.
Por eso desde su punto de vista ser juez o fiscal es un proyecto de vida.
Por su parte, Gerardo Castaing, criminólogo y exdirector del OIJ, considera que se debe establecer la motivación para saber si es una situación de reacción por algún comportamiento en particular o si es por comportamiento profesional.
“En cualquiera de los dos casos es grave, pero en el segundo es más delicado porque se está dirigiendo hacia la institucionalidad del país, entonces en ese aspecto sí repercute la acción criminal”, afirmó.
Además explicó que si el delincuente sabiendo que la persona es, por ejemplo, un fiscal y realiza el acto es porque hay un elemento fuerte para que lo haga porque la investidura debería proyectar un respeto.
GESTIONES
La Federación Latinoamericana de Fiscales hará una gestión ante la Corte Suprema de Justicia para que se tomen en serio las medidas de seguridad para los funcionarios judiciales, según Ronald Segura, presidente de esa organización.
“Ante esta situación vamos a pedir a la Corte activar una comisión de seguridad que analice todas las políticas que se requieren para la protección de los funcionarios, tanto de la Fiscalía como de los señores jueces y defensores públicos, e ir más allá e incluir a todo el personal del Poder Judicial”, aseguró.
El narcotráfico, el control migratorio y el marco jurídico debilitado del Poder Judicial son razones que identifica el representante de los fiscales latinoamericanos en la inseguridad que sufren actualmente.
“El país ha debilitado el Poder Judicial mediante leyes como la de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, reforma a las pensiones del Poder Judicial y la de Empleo Público, ya que afectan la independencia judicial”, agregó.
ANTECEDENTES
El 21 de marzo gatilleros atacaron el carro de una jueza de la República de apellidos Castro Fallas, así lo confirmó el OIJ.
En apariencia dos motociclistas pasaron frente al vehículo y el acompañante le disparó en reiteradas ocasiones.
A la hora de realizar la inspección en el sitio se observa que el carro presenta cuatro impactos de bala en la parte posterior, informó la policía judicial.
Asimismo, durante ese incidente el vehículo recibió múltiples disparos en el parabrisas trasero, en el techo y a un costado.
De manera extraoficial trascendió que la funcionaria pública estaba en la vivienda de su madre cuando escuchó una moto pasar y después las detonaciones.