Bajo la lupa forense

Durante años nos repetimos, con cierta comodidad, que Costa Rica era distinta. Que el narcotráfico pasaba por nuestras costas, pero no se quedaba. Desde el consultorio y la sala de peritajes, esa certeza hoy es insostenible. La narcocultura ya no es un fenómeno importado: está echando raíces locales, y lo hace donde más duele, en la vulnerabilidad de nuestros adolescentes. Para entenderla hay que mirar lejos. El consumo de sustancias psicoactivas es milenario —opio en Mesopotamia, coca en los Andes, cannabis en Asia Central—, pero el narcotráfico tal como lo conocemos es una criatura del siglo XX. Nació de la prohibición: la Convención del Opio de La Haya de 1912 y la Ley Seca estadounidense de 1920-1933 sentaron las bases del crimen organizado moderno. Prohibir sin atender las causas del consumo no suprimió el mercado; lo entregó a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

La narcocultura como fenómeno simbólico tiene un epicentro claro: México, y dentro de México, Sinaloa, Durango y Chihuahua, el llamado Triángulo Dorado, donde inmigrantes chinos introdujeron el cultivo del opio a comienzos del siglo XX. Esa tradición explotó en los años setenta y ochenta: los corridos tradicionales mutaron en narcocorridos —“Contrabando y Traición” de Los Tigres del Norte, en 1974, es la piedra fundacional—, y a la música se sumaron figuras religiosas como Jesús Malverde y la Santa Muerte, una estética de trocas, oro y botas, y códigos de honor propios.

El fenómeno no es solo mexicano. Colombia lo construyó con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Italia lleva siglos con la mafia siciliana y la ‘Ndrangheta} Calabrese, Japón produjo la yakuza. Brasil tiene al PCC y al Comando Vermelho. El gangsta rap estadounidense de los años ochenta y noventa comparte con todo esto la misma economía del barrio y el mismo culto al poder. Desde los 2000, Narcos, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur y el Movimiento Alterado o el Narcorrido, globalizaron la estética, que hoy viaja a la velocidad del algoritmo.

Costa Rica llegó tarde a esta historia, pero llegó. El punto de inflexión fue entre 2012 y 2015, cuando los cárteles mexicanos comenzaron a pagar a sus operadores locales en especie —con droga en lugar de dinero—. Ese cambio, aparentemente técnico, obligó a los intermediarios a abrir mercados internos y generó redes de narcomenudeo con disputas territoriales. La entrada en operación de la terminal de Moín, en 2019, consolidó al país como nodo de salida hacia Europa, donde la cocaína cuadruplica su precio. Los homicidios pasaron de once por cada cien mil habitantes a récords superiores a novecientos asesinatos anuales.

“Queda una batalla que no se pelea en juzgados ni cuarteles: la de la narrativa”

Bajo la lupa forense, el reclutamiento no es un misterio. Opera sobre vulnerabilidades concretas: deserción escolar post-pandemia, ausencia de figuras adultas significativas, pobreza estructural, violencia intrafamiliar temprana y una necesidad universal de pertenencia que en ciertos territorios solo encuentra respuesta en la esquina. A esa base psicológica se suma una capa cultural potente: corridos tumbados, lenguaje importado —plaza, tumbe, levantón—, dedicatorias en redes, influencers que exhiben dinero y armas como vida alcanzable. Todo eso construye un modelo aspiracional que, en pocos meses, ofrece lo que el Estado promete en décadas: dinero, respeto, masculinidad y pertenencia. Para un chico de trece años sin colegio estable ni padre presente, la oferta es enormemente eficaz.

El pronóstico, si no hacemos nada distinto, está escrito en otros países. Ecuador pasó de destino turístico a niveles extremos de violencia en menos de una década. Costa Rica conserva aun lo que aquellos países ya habían perdido cuando su crisis estalló: instituciones funcionales, clase media amplia, tradición democrática. Pero esa ventana se está cerrando: los próximos tres a cinco años son decisivos.

Detener el fenómeno exige golpear la economía del narco: aplicar de verdad la extinción de dominio, fortalecer la inteligencia financiera, escanear contenedores, depurar cuerpos policiales y reformar un sistema penitenciario que hoy opera como escuela criminal. Pero la prevención —y aquí hablo desde mi disciplina— es donde más se juega el país. Un adolescente escolarizado, con salud mental atendida, con un adulto referente y un espacio público donde existir, es drásticamente menos vulnerable al reclutamiento. Fortalecer el IAFA, sostener Avancemos, invertir en Limón, la Zona Sur y los cantones en rojo, y abordar el consumo como salud pública —no como asunto penal— no son lujos sociales: son la política criminal más eficaz que conocemos.

Queda una batalla que no se pelea en juzgados ni cuarteles: la de la narrativa. Prohibir corridos no alcanza. Hay que producir modelos de éxito, masculinidad y pertenencia capaces de competir culturalmente con los del narco. Bajo la lupa, la narcocultura costarricense no es un accidente ni una moda: es el síntoma de vacíos que llevamos años tolerando. Todavía estamos a tiempo, pero esa afirmación deja de ser cierta cada año que pasa sin decisiones claras. Lo que nos jugamos no es el perfil criminológico del país: es la biografía de una generación completa.