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Decir que hay un conflicto de interés en el Banco Central como argumento principal para evitar que se dé una baja en las comisiones que cobran los bancos a los comercios por el uso de datáfonos no es de recibo para los diputados.
A criterio de algunos legisladores, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) no es la más indicada para hablar de conflicto de interés y al mismo tiempo solicitan que presente datos técnicos para rebatir el estudio del Central que establece hay espacio para reducir las comisiones.
“El argumento de la ABC es absurdo. La División de Pagos del Banco Central presta un servicio público sin ningún fin de lucro, no veo cómo puede perseguir un fin personal, no es un banco comercial, es una institución reguladora que más bien trabaja al costo en el caso del Sinpe”, manifestó el diputado José María Villalta.
En su criterio, no es válido decir que por bajar las comisiones se va a generar más exclusión financiera y como prueba ofreció todos los estudios comparados a nivel internacional donde países OCDE tienen comisiones más bajas que Costa Rica.
“Lo que a mí me parece es que hay un interés de los bancos de seguir generando esas ganancias que se mantenían a costas de tasas altísimas a los pequeños comercios y consumidores. Los bancos sacaban utilidades de esas comisiones elevadísimas. Yo creo que la ABC busca atacar al mensajero, no veo argumentos técnicos para refutar el estudio del Banco Central, por eso se le van al cuerpo”, destacó.
Por su parte, el legislador Welmer Ramos fue más allá y envió una carta a Hazel Valverde, gerente general del Banco Central, en la que advierte que, durante los últimos 30 años, Costa Rica pagó tasas de comisiones de datáfono de hasta el 12% del valor de lo transado, de las más altas del mundo.
“Es imperativo que Costa Rica disminuya el costo de la vida tan alto que hoy tiene y además es necesario hacer justicia con los consumidores que por tanto tiempo debieron soportar los abusos de un oligopolio”, señaló.
Añadió que, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, el ajuste de las comisiones ha tenido ya un impacto de más del 1% de disminución en los precios a los consumidores y urge revisarlos una vez más para sigan generando impactos favorables en el costo de vida y para reactivar la economía costarricense.
“La Unión Europea puso las comisiones de datáfonos por una norma del Parlamento Europeo y debido a eso no se ha excluido a nadie. El sistema de pago con tarjeta es mundial, no es propio de Costa Rica. Esto encarece la vida de los costarricenses, por cada punto de comisión los bancos generan ganancias hasta de ¢100 mil millones al año. La ABC tiene una posición oligopólica y aparenta ejercer un mecanismo de colusión (empresas se ponen de acuerdo para afectar el mercado a su favor)”, comentó.
Ramos replicó que si queremos hablar de conflicto de interés, es válido preguntarse si es apropiado que el secretario de actas del Conassif y del Banco Central sea esposo de la directora ejecutiva de la ABC. “La falta de vergüenza es de una directiva que no le importe eso”, dijo.
¿Qué dicen los bancos?
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) presentó una acción de recusación, ante el Banco Central de Costa Rica, por el conflicto de interés generado por la participación de la División del Sistema de Pagos en el estudio para fijar las comisiones de intercambio y adquirencia.
La tesis de los bancos es que el Sistema de Pagos del Banco Central compite con los bancos como un operador más, lo cual lesiona el principio de objetividad e imparcialidad al fungir como juez y parte, actuando como regulador y regulado.
NOTA EXTRA
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se vio obligado a suspender la revisión de comisiones para las tarjetas de pago.
La institución manifestó que a ellos les corresponde determinar las comisiones máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores de tarjetas, tal y como lo establece la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas.
El BCCR remitió en consulta pública el estudio técnico sobre la fijación ordinaria de comisiones correspondientes al 2021, así como también el Reglamento del Sistema de Tarjetas.
“El pasado 17 de diciembre el BCCR recibió una recusación formal por parte de la Asociación Bancaria Costarricense en contra de los funcionarios de la División Sistema de Pagos que integraron el “Equipo Técnico de Trabajo”, y cualquier otro funcionario de esa División que participase en la elaboración del informe técnico referente a la determinación de la metodología, a la fijación ordinaria de comisiones máximas del sistema de tarjetas de pago del 2021 y el proyecto de Reglamento del Sistema de Tarjetas”, detalló el Banco Central.
“Dada esta situación, la Junta Directiva del Banco Central queda inhabilitada para continuar con el proceso de revisión de las citadas comisiones del sistema de tarjetas de pago para el año 2021. El proceso para la fijación de comisiones para tarjetas de pago se reanudará tan pronto la recusación sea resuelta”, concluyeron.