Baja la lupa forense

La democracia necesita del desacuerdo. Una sociedad en la que todas las personas pensaran igual no sería necesariamente más democrática, sino menos plural. La crítica al gobierno, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las instituciones y a quienes ejercen cargos públicos forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Pero existe una pregunta que merece ser planteada desde otra disciplina: ¿qué ocurre cuando la confrontación política deja de centrarse en las ideas y comienza a construir al otro como enemigo?

Desde la psicología forense, la pregunta resulta especialmente relevante porque obliga a diferenciar entre una expresión política vehemente —incluso incómoda u ofensiva— y la aparición de patrones que, por su reiteración, contexto, intensidad y capacidad de influencia, pueden convertirse en variables relevantes para el análisis del riesgo.

La psicología forense no está llamada a determinar quién tiene razón políticamente. Tampoco corresponde diagnosticar a una persona por sus discursos públicos. Pretender establecer que un dirigente político presenta determinado trastorno psicológico sin haber realizado una evaluación profesional sería metodológicamente improcedente.

Lo que sí podemos analizar son conductas, patrones, contextos y factores de riesgo.

Uno de los fenómenos que interesa en este campo es la denominada polarización afectiva: cuando las diferencias políticas dejan de referirse solamente a ideas y propuestas y comienzan a transformarse en sentimientos intensamente negativos hacia quienes pertenecen al grupo contrario. La investigación contemporánea ha relacionado este fenómeno con mayor distancia social, intolerancia y, en determinados contextos, con actitudes de mayor aceptación de la agresión política.

Es entonces cuando aparece una diferencia fundamental: un adversario no es un enemigo.

Al adversario se le contradice, se le cuestiona y se intenta derrotar mediante argumentos y elecciones. Al enemigo, por el contrario, se le percibe como una amenaza que debe ser neutralizada. Psicológicamente, esa transición no es irrelevante.

Cuando determinados grupos son reiteradamente presentados como peligrosos, corruptos, traidores o responsables de los males de una sociedad, puede reforzarse una lógica de “nosotros contra ellos”. Esto no significa que el discurso produzca automáticamente violencia. La conducta humana es multicausal y sería científicamente incorrecto establecer semejante relación lineal.

Precisamente por eso hablamos de riesgo y no de determinismo.

En psicología forense, un factor de riesgo no constituye por sí mismo la causa de una conducta. Se analiza junto con otras variables, su interacción, antecedentes, circunstancias y factores protectores. La valoración exige observar patrones, frecuencia, escalamiento, contexto, destinatarios y consecuencias.

Esta cautela resulta particularmente importante cuando el discurso procede de posiciones de poder.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido reiteradamente el enorme valor de la libertad de expresión en una sociedad democrática y el derecho de las autoridades a pronunciarse, incluso críticamente, sobre asuntos de interés público. Pero también ha establecido que el ejercicio de la expresión por funcionarios públicos conlleva responsabilidades particulares.

En Ríos y otros vs. Venezuela y Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte examinó contextos de alta polarización y conflictividad social, así como discursos de autoridades dirigidos contra medios de comunicación. Su jurisprudencia resulta especialmente importante porque introduce una variable que para la psicología forense es familiar: el contexto de riesgo.

La Corte ha advertido que determinadas condiciones pueden colocar a quienes ejercen la libertad de expresión en una situación de mayor vulnerabilidad y que el Estado debe abstenerse de propiciar, estimular, favorecer o profundizar esas condiciones. También ha considerado que ciertos pronunciamientos de altas autoridades pueden incrementar riesgos ya existentes cuando son interpretados por funcionarios o sectores sociales como instrucciones, instigaciones o autorizaciones.

Esto no significa censurar la política ni pretender convertir todo lenguaje confrontativo en una violación de derechos humanos.

Significa reconocer que las palabras también ocurren dentro de contextos.

Desde una perspectiva forense, entonces, podríamos preguntarnos: ¿existe reiteración? ¿Hay escalamiento? ¿Se individualiza sistemáticamente a una persona, institución o grupo como amenaza? ¿Existe una audiencia altamente polarizada? ¿Aparecen posteriormente amenazas, hostigamientos o actos de agresión? ¿Se legitiman socialmente esas conductas? ¿Existen factores protectores capaces de contener el escalamiento?

Y existe una pregunta todavía más importante: ¿podemos establecer trazabilidad?

La trazabilidad obliga a reconstruir acontecimientos y distinguir entre coincidencia, asociación y causalidad. Que un acto violento ocurra después de un discurso político agresivo no demuestra que ese discurso lo haya causado. Pero tampoco sería científicamente responsable ignorar el contexto si existe una secuencia reiterada de señalamiento, hostilidad, amenazas y escalamiento.

Costa Rica tampoco está al margen de la discusión sobre polarización. Estudios recientes del CIEP de la Universidad de Costa Rica han explorado la convivencia democrática, la tolerancia hacia la crítica y la relación entre personas con posiciones políticas diferentes. En mayo de 2026, aproximadamente siete de cada diez personas consultadas consideraron que criticar la gestión presidencial le hace bien al país. El dato recuerda algo esencial: criticar al poder también es democracia.

El problema no es la crítica.

El problema comienza cuando dejamos de discutir qué piensa el otro y empezamos a cuestionar su derecho a existir políticamente como interlocutor legítimo.

La psicología forense no puede predecir mecánicamente qué sociedad terminará siendo violenta, como tampoco puede atribuir un acto de violencia a una frase aislada. Sí puede aportar herramientas para reconocer factores de riesgo, patrones de escalamiento, procesos de polarización y contextos en los cuales la hostilidad puede normalizarse.

Porque una democracia saludable no necesita ciudadanos que piensen igual.

Necesita ciudadanos capaces de pensar radicalmente diferente sin dejar de reconocerse como seres humanos.

Bajo la lupa forense, el adversario democrático puede ser combatido con argumentos. El riesgo comienza cuando alguien logra convencernos de que ya no tenemos delante un adversario, sino un enemigo.