A pesar de haber criterios técnicos y estudios que avalan la construcción del nuevo hospital de Cartago en un terreno ubicado en El Guarco, el Gobierno se niega a avanzar con las obras.
Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, acudió a comparecer ante la Comisión de Cartago con el fin de dar cuentas sobre el avance del centro hospitalario.
Sin embargo, la ausencia de cinco diputados, Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana; Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista; Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional, le impidieron comparecer ante el Congreso.
Posterior al hecho, Munive brindó declaraciones a la prensa y aseguró que avanzar con la construcción en El Guarco es una irresponsabilidad.
“No defiendo lo indefendible, para mí un hospital es algo muy importante, una infraestructura de lo más costosa y de lo más imprescindible que puede tener un país para salvaguardar la salud de la población y construirlo en una zona que no es adecuada es un riesgo muy grande para la población.
Es una irresponsabilidad pretender que haciendo un montón de modificaciones e irregularidades que el Ministerio de Salud documentó desde 2011 en informes se pretenda brindar una viabilidad a un terreno, cosa que desde el inicio no era adecuado”, dijo a varios medios de comunicación.
La tesis del Gobierno es que los terrenos están rodeados de zonas industriales que más bien expondrían a los pacientes brumosos.
CRITERIOS TÉCNICOS
A pesar de lo anterior, existen estudios técnicos y varios criterios emitidos que dan luz verde para la construcción del hospital cartaginés.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) consideró que el espacio cuenta con las condiciones biológicas, sociales y antropométricas para avanzar con las obras.
“Las instalaciones incluyen el equipamiento solicitado por el personal de los servicios médicos y abarca otras obras de servicio de apoyo como centro de acopio de residuos sólidos ordinarios y hospitalarios, planta de tratamiento de aguas residuales, edificio de parqueos, laguna de retención de pluviales, generador de emergencias y pozo de abastecimiento de agua (…).
Por lo que se le otorga la viabilidad (licencia) ambiental al proyecto, quedando abierta la etapa de gestión ambiental”, indicó Kenner Quirós Bren, secretario general interno de Setena.
Por otra parte, la misma Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) detalla que el terreno en El Guarco cuenta con los criterios técnicos para avanzar con las obras.
“(…). Se evidencia un apego a las bases de la licitación (reglamento específico de la contratación), concordante con la voluntad de la administración. Se observa que según se dispuso en las especificaciones técnicas de la licitación 2022LN-000001-4402 “Nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago”, la viabilidad ambiental corresponde a las actividades de diseño y ejecución de las obras, no del terreno y deben ser tramitadas según el cartel por el adjudicatario.
Sin embargo, tal como se indicó anteriormente en este documento esa licitación se encuentra pendiente de adjudicación, por lo tanto, no es factible legalmente en este momento que la institución disponga de los permisos de viabilidad de Setena”, externó el ente auditor.
CFIA
Incluso, el mismo Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) señaló que la no construcción del nuevo Hospital de Cartago en el terreno disponible en El Guarco carece de fundamentos técnicos.
“Es claro que existen los criterios técnicos debidamente fundamentados, desarrollados por profesionales competentes, realizados con base en el Código Sísmico mencionado y en el Código de Cimentaciones, así como por geólogos especialistas, que han determinado desde el punto de vista técnico la procedencia de seguir adelante con el proyecto diseñado por la CCSS.
En consecuencia, se estima cualquier decisión de no continuar adelante con el proyecto será una decisión exclusivamente política, pero no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica ni en los principios elementales constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como de probidad en el uso y administración de los recursos públicos”, señaló el CFIA en un pronunciamiento. Criterio similar tiene el Colegio de Geólogos, el cual considera que hay estudios suficientes para avanzar con los trabajos que el Gobierno tiene frenados.