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La Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado aprobó el expediente legislativo 24.719, que propone el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y el reordenamiento de sus competencias desconcentradas.
Lo anterior tras una extensa y tensa discusión marcada por cuestionamientos sobre el contenido del proyecto, la falta de consensos previos y el alcance de los traslados institucionales.
La votación por el fondo se resolvió con cinco votos a favor y tres en contra, lo que permitió dictaminar afirmativamente la iniciativa. Posteriormente, una moción de revisión fue rechazada por seis votos contra dos, dejando firme el acuerdo de la comisión.
El proyecto llegó a votación luego de que venciera el plazo para presentar mociones, lo que obligó a los diputados a discutirlo únicamente por el fondo.
Durante el debate, varias fracciones coincidieron en que el Ministerio de Gobernación dejó de operar como una cartera funcional desde hace años y que muchas de sus tareas ya son asumidas, en la práctica, por el Ministerio de Seguridad u otras instituciones.
Sin embargo, el consenso se rompió al abordar el traslado de órganos y competencias, en particular la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Imprenta Nacional.
Legisladores de oposición advirtieron riesgos de centralización, pérdida de autonomía técnica y debilitamiento de estructuras históricas del Estado.
El diputado Daniel Vargas, del oficialismo, defendió el avance del expediente al señalar que el cierre de Gobernación resulta “pertinente” y que los ajustes al texto pueden realizarse posteriormente mediante mociones vía artículo 137 en el Plenario Legislativo.
Aseguró que existe apertura del Poder Ejecutivo para incorporar observaciones y modificar el destino de las dependencias adscritas. En la misma línea, la diputada Paola Nájera sostuvo que el Ministerio de la Presidencia, por medio de su enlace legislativo, manifestó formalmente su disposición a recibir propuestas y mejorar la redacción del proyecto, aunque reconoció que solo dos legisladores enviaron observaciones concretas.
Las críticas más severas provinieron de las diputadas Rocío Alfaro y Vanessa Castro, quienes cuestionaron que el expediente avanzara sin un texto sustitutivo consensuado.
Alfaro advirtió que la redacción actual permite interpretaciones que podrían trasladar no solo los entes, sino también sus competencias, a jerarquías políticas superiores, lo que, a su criterio, abre portillos para una mayor verticalización del Estado.
Castro, por su parte, anunció su voto en contra y calificó de “irresponsable” enviar el proyecto al plenario sin resolver previamente el destino de la Imprenta Nacional, a la que describió como un “tema de Estado” por su trayectoria y funciones. Afirmó que, pese a apoyar el cierre de Gobernación como concepto, no respaldaría un texto que considera inmaduro.
Otros diputados, como Carlos Felipe García y Olga Morera, optaron por respaldar el dictamen con reservas, bajo el argumento de economía procesal y la posibilidad de corregir el proyecto en etapas posteriores.
Ambos coincidieron en que reiniciar el trámite con un nuevo expediente resultaría inviable por el poco tiempo que resta al actual periodo legislativo.
Al cierre de la sesión, la comisión asignó a la diputada Paola Nájera la elaboración del dictamen afirmativo.