Avanza proyecto de ley para habilitar red policial interamericana

Organismo enfocado en la prevención, investigación y combate del crimen organizado transnacional

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La Comisión Especial de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa mantiene en la corriente parlamentaria el trámite del “Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL)”, bajo el Expediente n.º 25.473.

Esta iniciativa internacional busca otorgar “personería jurídica” a una red regional de cooperación policial interamericana, estableciendo un organismo enfocado en la prevención, investigación y combate del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y los delitos emergentes en el continente americano, impulsada con especial atención por Estados Unidos.

Estructura y gobernanza del organismo

La arquitectura institucional de AMERIPOL se compondrá de tres órganos principales:

  • Asamblea General: Es la máxima instancia de decisión integrada por delegados de los Estados miembros, la cual se reunirá ordinariamente una vez al año y donde cada país contará con un voto.
  • Presidencia: Será elegida por la Asamblea General por un periodo de dos años, sin posibilidad de reelección consecutiva.
  • Secretaría Ejecutiva: Estará a cargo de la administración, la representación legal de la entidad y la coordinación del intercambio de información policial.

Mecanismos de operación e inteligencia criminal

En el ámbito operativo, cada Estado parte deberá crear o designar una Unidad Nacional AMERIPOL (UNA) en su territorio, la cual actuará como punto de enlace oficial entre los cuerpos de policía locales y la Secretaría Ejecutiva.

El acuerdo fue suscrito originalmente el 9 de noviembre de 2023 en Brasilia por países del continente americano y fijó sus idiomas oficiales en español, portugués, inglés y francés.

Asimismo, la sede permanente del organismo quedará establecida en la ciudad de Bogotá, República de Colombia.

Condición constitucional para Costa Rica

El dictamen del proyecto en la comisión establece una cláusula de salvaguarda específica para el país: el Protocolo sobre el Sistema de Información y Protección de Datos que desarrolle el tratado deberá someterse de forma obligatoria a una aprobación posterior e independiente en la Asamblea Legislativa para poder entrar en vigencia a nivel nacional.