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La Comisión de Asuntos Económicos avanzó en un proyecto de ley que permitiría regular los aumentazos en los costos de los alquileres.
Con seis votos a favor y tres en contra, el expediente 23.301 limitaría los aumentos en los alquileres de viviendas de menor valor.
Actualmente, cuando una persona alquila un apartamento o una casa de habitación tiene que pagar un aumento que equivale a la inflación, la cual se ubica en un 11% interanual.
Así, el texto de ley señala que los alquileres iguales o menores a un salario mínimo de Trabajador No Calificado Genérico (¢350.000), no se les aplique el 11%, sino un 3,33% del aumento de salario mínimo.
“El arrendador estará facultado de pleno derecho para reajustar el alquiler de la vivienda en un porcentaje igual o menor a la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato”, explica el texto. El proyecto fue votado a favor por las diputadas: Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio; Kattia Rivera, Montserrat Ruiz, Katherine Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional; Vanessa Castro y María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana.
“En Costa Rica los aumentos salariales tanto para sector público como privado están desconectados de la inflación, ¡son escasos los aumentos! (…) A sabiendas de que el dinero no alcanza avanzamos con este proyecto para que los aumentos de los alquileres más bajitos se ajusten a la realidad y no a la inflación (…)”, manifestó Guillén.
EN CONTRA
Los diputados que se opusieron fueron: Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista; Olga Morera, del Partido Nueva República; y Waldo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático.
Según Campos, dicha iniciativa podría generar distorsiones de mercado y pérdidas.
“Se establece un techo de ¢358.000 en el precio de los alquileres (…) No obstante, no se puede determinar quiénes son los beneficiarios del proyecto (…)”. Se desestimula la inversión, los propietarios de los inmuebles no se verían incentivados a invertir en pintura, tuberías, etc., más bien, genera un efecto inmediato de exclusión. Además, mencionó que, en caso de avanzar la iniciativa, se generarían pérdidas.