Avanza monitoreo electrónico para agresores domésticos

Los magistrados de la Corte Plena señalaron que el proyecto conocido como “Ley Katherine Garro” no representa ningún impacto negativo sobre la estructura ni la operatividad del Poder Judicial.

Esta conclusión se dio tras la exposición del informe elaborado por el magistrado Rafael Segura, quien destacó que la propuesta incluye disposiciones relevantes para su implementación.

“La finalidad del proyecto es valiosa, ya que pretende brindar una respuesta efectiva ante la crisis de violencia de género que enfrenta el país. Estimo que no interfiere con la organización del Poder Judicial”, expresó Segura.

La iniciativa establece que los agresores deberán participar en programas de reeducación y terapia psicológica, los cuales, según el magistrado, “en cierta medida ya se ofrecen”. 

A pesar de que el Ministerio Público advirtió que implicaría nuevas responsabilidades formativas para los fiscales de ejecución de la pena, los magistrados decidieron darle el visto bueno. 

Por otro lado, la Dirección Jurídica del Poder Judicial manifestó que la normativa impactaría operativamente, al requerir la implementación del monitoreo electrónico y la creación de una comisión interinstitucional encargada de penas alternativas. 

También se advirtió que la entrada en vigor de esta legislación demandará recursos económicos, especialmente en contratación de personal y procesos de formación. El caso que dio origen a esta ley ocurrió en noviembre de 2024, cuando Katherine Garro, madre de dos adolescentes, fue asesinada.

El principal sospechoso es su expareja, un hombre de apellidos Cascante Ocampo, quien había sido liberado tres días antes del crimen, tras cumplir condena por violar las medidas de protección dictadas a favor de Garro.