Avanza iniciativa para reconocer derechos a personal educativo
Docentes subvencionados buscan considerarse como empleados públicos
Un proyecto de ley que pretende otorgar seguridad jurídica al personal docente y administrativo de centros privados subvencionados avanzó en la corriente legislativa tras recibir dictamen positivo en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.
La iniciativa propone adicionar un inciso al artículo 16 y modificar el artículo 18 de la Ley N.° 8791, con el objetivo de aclarar el carácter de funcionariado público de quienes laboran en estas instituciones, cuyos salarios son financiados por el Gobierno.
Actualmente, este grupo de trabajadores enfrenta un escenario de incertidumbre legal, según indicó el presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Dennis Solís.
Aunque son nombrados a través de mecanismos vinculados al Ministerio de Educación Pública (MEP) y remunerados con fondos públicos, en la práctica no siempre cuentan con las garantías propias del empleo público, especialmente en procesos de despido.
Durante la discusión del proyecto, el presidente de APSE compareció ante los diputados y subrayó la urgencia de corregir esta situación.
Según explicó, se trata de personal que ha permanecido durante años en un “limbo jurídico”, sin pleno reconocimiento de sus derechos laborales.
“La discusión sobre este expediente debe partir de una premisa elemental: en un Estado de derecho no puede existir personal pagado por el MEP sin pleno reconocimiento y ganaría de los derechos propios de una relación de empleo público cuando así lo establece la ley”, expresó el sindicalista durante su comparecencia.
El presidente sindical agregó: “los salarios son cubiertos por el ministerio y cuya vinculación no puede analizarse bajo una visión simplista, como si se tratara de una relación meramente privada desligada del sector público”.
El texto también se sustenta en criterios emitidos por instancias como la
Sala Constitucional, la Sala II y la Procuraduría General de la República (PGR), que han reconocido la naturaleza pública de estos funcionarios en distintas resoluciones.
Además, la propuesta busca garantizar que cualquier eventual sustitución o despido cumpla con el debido proceso y sea gestionado por el MEP, como corresponde a una relación de empleo público.
La impulsora del proyecto es la frenteamplista Rocío Alfaro, y señala que la reforma no implicaría nuevas cargas para el Estado, ya que estos trabajadores ya forman parte de la planilla pública. Ahora, el expediente continuará su trámite en el plenario cuando sea convocado.