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Los diputados aprobaron en primer debate el expediente 25.340, una reforma a la Ley sobre Estupefacientes y Legitimación de Capitales que busca fortalecer los controles sobre activos virtuales y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo mediante plataformas digitales.
La iniciativa pretende ajustar la legislación costarricense a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incorporando obligaciones de supervisión, registro y reporte para los proveedores de servicios de activos virtuales.
Entre las medidas incluidas en el proyecto se establece que las personas físicas o jurídicas que operen con activos virtuales deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entidad que asumirá labores de supervisión en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
La reforma también obliga a estos proveedores a identificar clientes y beneficiarios finales, mantener registros de transacciones, reportar operaciones sospechosas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y aplicar controles sobre transferencias de activos virtuales.
Además, contempla sanciones económicas para quienes incumplan con las obligaciones establecidas en la normativa o no se inscriban ante las autoridades correspondientes.
El especialista en temas de estupefacientes, Adrián Quesada, explicó que la aprobación del proyecto no implica que Costa Rica reconozca las criptomonedas como moneda oficial ni que exista una autorización bancaria para operar.
“Esto no significa que Costa Rica esté diciendo que sí a las criptomonedas como una moneda de uso legal, tampoco significa que la Sugef le esté dando una autorización bancaria. Lo que se está haciendo es ponerlos en regla desde la prevención”, señaló.
Quesada indicó que este tipo de activos pueden ser utilizados por estructuras criminales debido a la rapidez de las transferencias y el alcance internacional de las plataformas digitales.
“Este tipo de activos por su velocidad, facilidad de transferencia y alcance internacional pueden ser utilizados por estructuras criminales para lavar dinero, mover fondos ilícitos o evadir controles”, afirmó.
El experto agregó que uno de los principales desafíos será la reglamentación de la ley, de manera que permita controles efectivos sin afectar el desarrollo tecnológico.
“El verdadero reto será reglamentarlo de una forma correcta sin matar la innovación, pero sin dejar portillos abiertos para el crimen organizado”, agregó.
También destacó que la reforma le daría al Estado mayores herramientas para solicitar información, congelar activos bajo investigación y exigir colaboración de los proveedores con la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
Pese a la aprobación en primer debate, el proyecto aún debe superar el segundo debate en el Plenario Legislativo para convertirse en ley.
¿Qué busca el proyecto?
• Fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo mediante activos virtuales y criptomonedas.
• Obligar a proveedores de servicios de activos virtuales a inscribirse ante la Sugef.
• Exigir identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas al ICD.
• Permitir supervisión y monitoreo de transferencias de activos virtuales.
• Incorporar sanciones económicas para quienes incumplan la normativa.
• Ajustar la legislación costarricense a recomendaciones internacionales del GAFI.