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El Tribunal de Apelaciones confirmó la extradición diferida de Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega a Estados Unidos, pero la sujetó al cumplimiento de una serie de condiciones por parte de ese país.
La resolución ratificó que ambos podrán ser entregados a las autoridades estadounidenses una vez que concluyan los procesos penales que enfrentan en Costa Rica y, en su caso, cumplan las eventuales condenas que se les impongan en el país.
El Tribunal condicionó la entrega a que el Gobierno de Estados Unidos garantice de forma expresa que no les aplicará cadena perpetua o que, de imponerse, la conmutará por una pena menor.
Además, estableció que la sanción total que eventualmente reciban no podrá superar los 50 años de prisión, en concordancia con el máximo previsto en la legislación costarricense.
Los jueces también ordenaron que, si resultan condenados en Estados Unidos, se les descuente el tiempo que hayan permanecido en detención cautelar en Costa Rica.
En el caso de Edwin López Vega, el Tribunal agregó una condición adicional: Estados Unidos deberá comprometerse a no juzgarlo ni sentenciarlo por hechos anteriores al 22 de enero de 2014, fecha en la que ya fue detenido y condenado en Costa Rica por una causa distinta.
Las autoridades estadounidenses deberán presentar estas garantías formales en un plazo de dos meses. Si no cumplen con ese requisito dentro del tiempo establecido, la entrega no procederá y Costa Rica quedará obligada a juzgar a ambos por los hechos incluidos en la solicitud de extradición.
La petición de entrega provino del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por dos cargos relacionados con tráfico internacional de drogas.
El Tribunal también mantuvo la detención provisional de los requeridos al considerar que existen riesgos procesales y ordenó comunicar la resolución al órgano de instancia para su ejecución.
En el caso de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro los jueces rechazaron su extradición y ordenó que Costa Rica lo juzgue por los hechos que motivaron la solicitud internacional.
El órgano judicial tomó la decisión por mayoría, con voto salvado de una jueza, al concluir que los cargos corresponden a hechos ocurridos antes de la reforma constitucional que habilitó la extradición de costarricenses.