Los diputados de la Comisión de Reforma del Estado aprobaron un informe de subcomisión donde se recomienda el cierre de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa).
El informe fue avalado por Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP), Francisco Nicolás y Danny Vargas Serrano de Liberación Nacional (PLN), así como Vanessa Castro y Carlos Felipe García de Unidad Social Cristiana (PUSC).
Dentro de sus justificaciones para ponerle candado a dicha institución están los problemas financieros que arrastra, la poca competencia y, además, que se trata de un “ente politizado” que se ha utilizado para “negocios poco claros”.
“Racsa es un antro de negociaciones oscuras y, además, es un drenaje de recursos que pierde miles de millones. Cualquier cosa que haga, la hace sobre plataformas del Instituto Costarricense de Electricidad, que puede asumir sus funciones”, aseveró Feinzaig.
En contra votaron los diputados Paola Nájera, Daniel Vargas (oficialismo), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Olga Morera (Nueva República).
“Racsa es una empresa relevante para el ICE, le genera ingresos y presta infraestructura, servicios de nube, conectividad (…). El proyecto afectaría la implementación del 5G en el país y generaría pérdidas”, sostuvo Nájera.
El texto se votará por el fondo la próxima semana.
Problemas
En las últimas semanas, se ha dado a conocer una serie de presuntas anomalías sobre adjudicaciones emitidas por la compañía estatal en cuestión.
En concreto, se señala que, en menos de un año, se han hecho licitaciones millonarias “sin concurso y adjudicadas a dedo”.
Incluso, la Fiscalía investiga el tema por posibles delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública, sobreprecio irregular, fraude de ley, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Otro punto es que se ha adjudicado constantemente a una misma empresa, que tendría ligamen con personeros con la Dirección de Negocios y de Operaciones de Racsa.
A lo anterior se suma un cuestionado concurso por emergencia donde se paga de más por las tobilleras electrónicas.
Y más dificultades
Las situaciones no solo van vinculadas a temas licitatorios. Para el 2021, las pérdidas de la compañía pública eran de ¢447 millones por causa de la suspensión o no renovación de contratos con entidades como el Ministerio de Hacienda y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Además, entre el año 2010 y 2016, sufrió una reducción en sus fondos por ¢56.500 millones a causa de una caída en el ingreso por la venta de servicios.
Incluso, el tema es reconocido por la misma junta directiva de Racsa, ya que en el acta de sesión ordinaria número 2328 celebrada el 2 de junio de 2021, reconoció que su representada “muestra una tendencia de deterioro de los resultados financieros, que, a pesar de las acciones de contención, coloca en riesgo la sostenibilidad financiera”.
