Autoridades tendrán hasta mayo para eliminar precarios en Los Cuadros

En un plazo que vencerá en mayo próximo, diversas autoridades competentes deberán eliminar de forma definitiva los asentamientos informales ubicados en el sector de Los Cuadros, en Purral de Goicoechea, tras determinarse riesgos para vecinos y afectaciones al ambiente en zonas de protección.

La orden fue emitida por la Sala Constitucional mediante el voto 2025-030968 (expediente 25-022056-0007-CO), en el que se declaró con lugar el recurso de amparo al concluir que las autoridades “han incurrido en actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de la población y del medio ambiente”. La resolución instruye al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a la Municipalidad de Goicoechea, al SINAC y al Área Rectora de Salud de Goicoechea.

Según los magistrados, dichas instituciones deberán “solventar de forma definitiva la situación de los asentamientos informales de Purral…respetando derechos humanos y ambientales y adoptando medidas provisionales inmediatas para minimizar focos de contaminación mientras se ejecuta la solución definitiva”.

El Tribunal también advirtió que las instituciones deberán coordinar entre sí para evitar nuevas dilaciones, luego de señalar en el fallo que existía ambigüedad en la determinación de responsabilidades y que esa falta de claridad había generado incertidumbre en la población afectada.

Riesgos para menores de edad

El fallo dispuso que las autoridades deben trabajar con énfasis en la protección de las personas y el ambiente.

El Tribunal acreditó que las invasiones se ubican en zonas de protección y espacios públicos que originalmente estaban destinados a áreas verdes, lo que ha provocado “problemas como la inseguridad, venta y consumo de drogas, daños ambientales, entre otros”, además de impedir el desarrollo adecuado de la urbanización.

Los asentamientos ilegales, además, según la denunciante, se encuentra a las cercanías de un centro educativo, por lo que hay personas menores de edad que corren riesgo de que dichas estructuras caigan sobre los menores.

“Cabe señalar que en uno de estos terrenos del IMAS, ubicado en zonas colindantes con el Centro Educativo Luis Demetrio Tinoco, ya falleció una persona producto de un deslizamiento, debido a la gran cantidad de precarios en las áreas colindantes con dicha escuela, la que se encuentra en grave riesgo ya que en cualquier momento todas éstas estructuras que están ubicadas, en las laderas de este centro de estudio y en las márgenes del cañón del río, pueden volver a colapsar como ya sucedió y provocar una tragedia de grandes dimensiones”, detalla la denuncia.

Trabajo coordinado

En respuesta a la resolución, el IMAS indicó a Grupo Extra que ya articula acciones con las demás entidades señaladas en el fallo. 

Según comunicó la institución, “se ha realizado una serie de coordinaciones con las autoridades municipales para tratar el tema ambiental y se participa de la Comisión de Asentamientos Informales de Goicoechea, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional”.

Como parte de ese trabajo, se efectúa la identificación de zonas ocupadas, la ubicación de propietarios registrales y el levantamiento de información sobre la cantidad de hogares asentados.

El IMAS también precisó que el financiamiento aún no está definido, ya que “se está desarrollando el proceso técnico de diagnóstico y delimitación de acciones, en coordinación con las instituciones señaladas por la Sala Constitucional. Debido a lo anterior, el presupuesto se definirá una vez se consolide la ruta de intervención y se determinen las medidas específicas que competen a cada entidad, priorizando aquellas acciones provisionales inmediatas mientras se ejecuta la solución definitiva”.

Por su parte, la Municipalidad de Goicoechea aclaró el alcance de su participación, detallando que su labor se basa en el manejo de desechos en la zona. 

“Es importante aclarar que el gobierno local no está promoviendo ningún desalojo. La participación se limita estrictamente a las competencias municipales que le corresponden por ley”, indicó el comunicado. 

La intervención municipal, añadió, ha estado vinculada principalmente con la gestión de residuos sólidos en el sector, labor que se ejecuta de forma continua “en procura de proteger la salud pública y el ambiente”.

Según el voto de los magistrados, las autoridades deberán adoptar de inmediato una medida provisional para minimizar los focos de contaminación y mantenerla vigente durante todo el tiempo que duren las actuaciones necesarias para erradicar de forma definitiva los asentamientos informales.