El gremio autobusero cuestionó la posibilidad de que el pago electrónico en el sector de transporte público se rija por medio de una ley.
Los empresarios respaldaron el proceso que se sigue en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), sin embargo consideraron que su implementación a través de una legislación sería un revés con respecto a los esfuerzos interinstitucionales para convertirlo en una realidad.
Indicaron que no es necesaria una ley para implementarla porque a lo largo del proceso se contó con un acuerdo de industria robusto.
La iniciativa se encuentra contemplada en el proyecto 21.674, Ley para Establecer el Pago Electrónico en el Transporte Remunerado de Personas, que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Un factor de análisis se convirtió en un convenio firmado el 11 de enero de 2018, con el cual el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Transporte Público (CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el BCCR y representantes del sector iniciaron la regulación para el diseño y construcción del sistema.
CONSTRUCCIÓN
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, detalló que el proyecto se construyó por medio de reguladores, rectores y operadores como parte del convenio interinstitucional que se firmó en 2018.
“Consideramos oportuno que al momento de analizar el proyecto de ley se tome en cuenta este trabajo en conjunto que hemos venido realizando todas las partes, que con madurez y aprendizaje permitió poner de acuerdo a toda la industria del transporte público en un tema tan transcendental para nuestro país”, señaló Bolaños.
Miguel Zamora, presidente de la Cámara Provincial de Autobuseros (Caprobus), dijo que el plan del cobro electrónico no escapa de ser una herramienta de mucha necesidad y agilidad en el sector.
“Como cámara Caprobus hemos sido claros que los costos de inversión y mantenimiento de los equipos y sistemas deben previo a la operación ser debidamente establecidos los mecanismos de reconocimiento de estos rubros por la Aresep.
Y con relación a la necesidad de una ley para nosotros no es necesaria, pero debe darse mucha seguridad al proyecto. Muchos actores. Una ley vendría a establecer la obligatoriedad de que el proyecto arranque y que no tenga tanta dilatación de su efectividad por parte del Banco Central”, manifestó.
De dicho proceso regulatorio, reconocieron que se enfocó en dos aspectos: el primero de ellos la sectorización y posteriormente contar con el pago electrónico como un mecanismo para modernizar el control de operación.