La propuesta que analiza la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años genera una profunda incertidumbre en la población trabajadora.
En un país donde las oportunidades laborales para las personas mayores de 40 años disminuyen drásticamente y se reducen aún más después de los 50, exigir a los ticos extender su vida laboral por cinco años adicionales no es una solución justa ni sostenible.
El problema de fondo es innegable: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) enfrenta un serio desafío de sostenibilidad financiera. Pero trasladar el costo de este problema a los trabajadores es una salida fácil y poco equitativa.
Las garantías sociales fueron concebidas para brindar protección y bienestar a quienes, tras años de esfuerzo, merecen una vejez digna. Obligar a los ciudadanos a seguir laborando hasta una edad en la que muchas habilidades motoras y mentales se ven afectadas debe analizarse con sentido común y un enfoque integral.
El documento filtrado, al cual Diario Extra tuvo acceso a través de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), sugiere además la eliminación del aumento semestral a las pensiones mínimas y la desaparición del retiro anticipado para mujeres.
Estas modificaciones, sumadas a la posibilidad de reducir el monto de las jubilaciones hasta un 40%, impactarían negativamente a quienes dependen del sistema para su sustento en la vejez.
Es comprensible la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del IVM, pero no se puede hacer a costa del bienestar de los trabajadores. Es inaceptable que una persona que haya cotizado durante toda su vida laboral termine con una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades.
El Estado y la CCSS deben buscar alternativas más equitativas y sostenibles. Se debe fortalecer la formalización del empleo para ampliar la base de cotizantes, combatir la evasión de aportes patronales y evaluar mecanismos que permitan un financiamiento más justo del régimen.
Es imperativo que esta discusión se lleve a cabo con transparencia, escuchando a los sectores involucrados y garantizando que cualquier decisión priorice el bienestar de los trabajadores y los pensionados.
