Aumenta la cantidad de personas encarceladas por prisión preventiva

El número de personas en prisión preventiva en Costa Rica experimentó un marcado aumento en la última década (2016-2026).

Datos oficiales presentados ante la Corte Plena revelan que la población indiciada en los centros penitenciarios pasó de 2.508 personas en 2016 a 5.034 en 2026, lo que representa que la cantidad de personas en esta condición se duplicó.

Este incremento coincide con una mayor presencia del crimen organizado, lo que mantiene en alerta a las autoridades judiciales.

«Sinceramente, creo que el fenómeno de las medidas cautelares en materia penal se nos quedó muy corto frente al fenómeno de la delincuencia organizada, que ha sido particularmente expansivo en los últimos años», aseguró Paul Rueda.

Otro dato que llama la atención es que actualmente el 26 % de la población reclusa está en prisión preventiva, mientras que en 2016 esa proporción era del 19 %.

De acuerdo con los datos divulgados en Corte Plena, la población recluida ya habría superado las 24.000 personas.

Esta situación está llevando a los jerarcas del Poder Judicial a plantear reformas procesales en diversas materias.

Durante el debate, los magistrados coincidieron en la necesidad de ajustar la legislación a la complejidad de las estructuras delictivas.

Ante este panorama, la Sala Tercera propuso modificar los artículos 240, 241 y 244 del Código Procesal Penal.

La reforma busca que los jueces valoren el peligro de fuga y contemplen la existencia de elementos objetivos que permitan establecer la vinculación de la persona imputada con un grupo u organización criminal.

Sobre la necesidad de mantener el equilibrio procesal y las garantías, el magistrado Fernando Cruz enfatizó que «no se trata de hacer una reforma que simplemente imponga una prisión preventiva de por sí o a quemarropa, sino ese equilibrio que es lo difícil en el proceso penal».

Por su parte, la magistrada Roxana Chacón advirtió sobre la presión que sufren comunidades vulnerables y señaló que «realmente el crimen organizado y el narcotráfico han penetrado en estos lugares y hay como una dominación de estas mujeres en estado de vulnerabilidad».

Las iniciativas judiciales planteadas también abarcan los ámbitos laboral y contencioso-administrativo, con el objetivo de impedir la reinstalación cautelar de empleados públicos investigados por presuntos vínculos ilícitos.

En la jurisdicción laboral, el magistrado Luis Porfirio Sánchez explicó que, en los casos relacionados con las relaciones de empleo público, la reinstalación como medida cautelar será excepcional.

Asimismo, indicó que la reinstauración también será absolutamente excepcional en los casos de vínculos, participación o colaboración con organizaciones criminales.

En tanto, la Sala Primera propuso limitar las reinstalaciones cautelares en los procesos contencioso-administrativos e imponer un plazo máximo de 15 días a las medidas provisionalísimas.

Sin embargo, la magistrada Julia Varela advirtió sobre el impacto económico que podrían tener estas medidas.

«Recordemos también que, en el área penal, las medidas cautelares privativas de libertad también tienen impacto económico, porque eso pasa a un sector de que ya sabemos que es en el área de reclusión, que también tiene impacto para las personas y para el Estado como un todo, que eso va a requerir más cárceles, más espacios, más gastos operativos», dijo.

Esta discusión surge en medio de la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), donde serían recluidas las personas privadas de libertad consideradas de mayor peligrosidad y también buscaría reducir la presión sobre el sistema penitenciario.