Aumenta impacto económico del contrabando en Costa Rica

El comercio ilícito representa un monto superior a los ¢1,6 billones, según una nueva estimación de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR). Esta cifra representa un 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El cálculo representa un aumento importante respecto del último informe realizado por la Cámara de Comercio en 2019, cuando se estimó en un 2% del PIB.

“El estudio, desgraciadamente, refleja un aumento en el comercio ilícito en el país y estos son colones que terminan en los bolsillos del crimen organizado. Lejos de ir a comercios formales o a impuestos al Estado están financiando el crimen organizado, que es el responsable de la problemática de seguridad que vivimos en el país”, indicó Ricardo Carvajal, asesor económico de la Cámara y director del Observatorio del Comercio Ilícito.

Las cifras muestran también una mayor presencia de estos bienes en los hogares costarricenses. Más de un 10% del consumo se dirige al comercio ilícito, un rubro que presenta un aumento frente al 6,8% estimado en 2019.

“El comercio ilícito en el país lamentablemente ha venido creciendo y eso es un tema que nos debería preocupar a todos. Un hallazgo muy decepcionante y es que de cada ¢100 que gastan las familias costarricenses en productos, ¢10 son en productos contrabandeados”, agregó Arturo Rosabal, presidente de la CCCR.

Rosabal asegura que esta problemática tiene impactos que van más allá de menores ventas de los comercios costarricenses o una competencia desleal por el comercio ilícito.

El informe estima que la pérdida en los ingresos tributarios que se debieron pagar en las Aduanas, al momento en que ingresaron los productos, asciende a ¢664 mil millones.

“Son impuestos que van a ser utilizados para el Estado Social de Derecho. También genera un gran riesgo a las familias costarricenses, porque muchos de estos productos ingresan al país de manera irregular sin seguir legislación vigente en temas como los registros sanitarios y otros aspectos que podrían poner en riesgo la salud de los costarricenses”, comentó el presidente de la Cámara de Comercio.

Los productos con mayor incidencia dentro del comercio ilícito son los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, seguidos por artículos de higiene personal, calzado, productos farmacéuticos, cebollas, lácteos, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, frijoles y prendas de vestir.

Proyectos del Gobierno

En los primeros meses de la Administración Fernández Delgado, el Gobierno ha emprendido una estrategia contra la evasión fiscal y el contrabando de mercancías.

Los decomisos, realizados entre mayo y julio de 2026, ascienden a más de 30 millones de unidades. La cifra presenta un aumento del 58% al compararla con el mismo periodo del año previo, cuando el total incautado fue de 13 millones.

“Este Gobierno lo ha atendido con mayor celeridad. Cada vez tenemos una mayor fiscalización en punto de venta, cada vez tenemos una mayor fiscalización en Aduanas”, resaltó Rosabal.

En cuanto a los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, se han presentado iniciativas como la reducción de los impuestos al tabaco, de forma que se pueda eliminar el incentivo económico para que estos productos ingresen de forma ilegal al país. Aunque no se ha presentado, la estrategia contempla también una reducción de los impuestos al licor.

“La idea es que, al tener impuestos altos, el producto va a ser más caro al final y la gente no lo va a consumir. Los contrabandistas lo han ingresado al país sin pagar impuestos, lo venden a un precio más bajo, entonces no estamos logrando el objetivo de política pública ni tampoco recaudando esos impuestos”, explicó Carvajal.

También se introdujo a la corriente legislativa una reforma parcial a la Ley General de Aduanas, donde se aumenta el umbral a $20 mil para que un caso se catalogue como contrabando y pase a la vía penal.

Además, se considera un sistema sancionatorio con mayor fuerza, que incluye nuevas infracciones, multas con mayor severidad y criterios para casos de reincidencia.

“En la última reforma se debilitó el régimen sancionatorio administrativo. Creemos que la propuesta va en la dirección correcta para atacar más rápido a los infractores. Recupera el delito de defraudación fiscal aduanera, que se había eliminado, y eso permitiría tener más casos de éxito en la Fiscalía”, señaló Carvajal.

Ricardo Carvajal

Asesor económico de la CCCR

“Tenemos que incorporar nuevas tecnologías para las inspecciones físicas que se hacen a los contenedores, drones para las fiscalizaciones en fronteras, una modernización en la normativa como la reducción de cargas impositivas en cigarrillos y licores y coordinación con el sector privado”.

Arturo Rosabal

Presidente de la CCCR

“Tenemos que hacer todos, como sociedad, una lucha más fuerte en contra de este flagelo. No se trata únicamente de una cantidad específica de productos, es muy amplio el tema del comercio ilícito en el país y por esa razón tenemos que entrarle vez con más fuerza”.