Espera que acción de inconstitucionalidad le dé razón a ahorrantes
Desde 2021 una auditoría externa realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L.) alertaba de riesgos en el manejo de la entidad.
“La auditoría externa está diciendo desde 2021 los problemas que tiene la cartera de crédito. Está alertando, por lo tanto, la Superintendencia y el supervisor tenían que haber reaccionado”, declaró el inversionista Antonio Barzuna.
Para el inversionista es preocupante que desde cuatro años antes de la intervención se generaron las alertas sobre lo que estaba sucediendo.
Barzuna se respalda en tres auditorías externas con cartas a gerencia y con fechas del 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023 hechas por Crowe Horwath CR, S.A.
En el documento de 2021 la auditoría verificó la base de datos de la cartera crediticia, donde detalla inconvenientes en comportamiento histórico de pago, falta de nombre de clientes y operaciones con poca amortización.
“Recomendamos revisar la calidad de la información contenida en la base de datos de cartera de crédito, revisar las políticas, procedimientos y debilidades de control que originan las situaciones indicadas como sana medida de control y mitigación de fraude”, indica una de las recomendaciones.
Más detalles
En el caso de la auditoría de 2022 advierte de una serie de inconsistencias tras el análisis que hizo la empresa externa.
“La cooperativa requiere implementar controles estrictos que mitiguen el riesgo de generar información crítica errónea, relacionada con archivos no conciliados con los registros contables y campos incorrectos”, señala el documento.
Por otra parte, el informe de 2023 expone debilidades en el ciclo de la cartera de crédito que requerían mejoras en la administración de la calidad de información y análisis referentes al proceso de medición, otorgamiento y seguimiento.
Diario Extra consultó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) si tenía conocimiento de estos informes, pero al cierre de edición no recibimos respuesta.
Acción de inconstitucionalidad
Después de que la Sala IV decidiera acoger una acción de inconstitucionalidad presentada por un inversionista que plantea no lo han tomado en cuenta en el proceso de resolución de Desyfin, Barzuna asegura que existen dos aristas.
La primera es que hay una posibilidad de que le den la razón de lo que ha venido planteando sobre que los inversionistas deberían tener voz y voto en las decisiones que tome el resolutor, en este caso Marco Hernández.
“Entonces el resolutor se ampara en el artículo 39 de la Ley 9.816, ahora aparece la Sala y al acogerlo dice: ‘Aquí hay un eventual acto inconstitucional, están violando el derecho del inversionista a participar en el proceso’”, señaló.
Sin embargo, considera negativa la pausa en el proceso de resolución de Coopeservidores mientras los magistrados toman la decisión final.
Esto provocaría que entre más tarde la Sala Constitucional en resolver la acción legal, más se deteriorará la cartera crediticia.
Antonio Barzuna
Inversionista
“Hubo una falla en la reacción que debían tener los entes supervisores en conjunto con el gobierno corporativo de la cooperativa para minimizar el riesgo y que el daño fuera menor para los inversionistas”.
