Un informe de inspección del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y una auditoría forense del despacho Carvajal & Colegiados confirman las anomalías en Coopeasamblea, que DIARIO EXTRA informó en marzo de 2020.
Esta cooperativa de ahorro y crédito, creada en 1972 y que cuenta hoy con 450 socios, maneja el fondo de cesantía y ahorros de los empleados de la Asamblea Legislativa.
El Diario del Pueblo informó cómo la anterior administración habría entregado créditos sin garantía por poco más de ¢1.000 millones, lo que llevó a varios funcionarios a interponer una denuncia ante el Ministerio Público.
CONCLUSIONES DEL INFORME
El informe del Infocoop (SC 308-293-2020) revela al menos 18 irregularidades en la administración de los recursos de Coopeasamblea.
Entre los principales hallazgos en el aspecto contable se indica que no existe una reserva de liquidez, falta información de los estados financieros, tiene una finca de recreo que genera más pérdidas que ingresos y existen créditos vencidos por más de ¢1.362 millones.
“De acuerdo con lo observado se concluye que Coopeasamblea presenta en una calificación de ‘Alerta’. Es decir, presenta una situación financiera que ha venido mostrando signos de deterioro, sobre todo en la cobertura de estimaciones -eficiencia financiera- liquidez”, concluye el informe.
Agrega que se detectaron debilidades desde el punto de vista legal, contable y administrativo que requieren ser subsanadas en el corto plazo para el mejoramiento del control interno y la buena marcha de esta.
“El Consejo de Administración de Coopeasamblea debe llevar a la Asamblea la propuesta de vender la finca de recreo y con los recursos provenientes de la venta, restituir la reserva de liquidez y lo demás utilizarlo para capital de trabajo y pago de pasivos”, agrega como recomendación.
DEBILIDAD EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
En el caso de la auditoría forense, esta se desarrolló en junio 2020 a solicitud de la nueva administración de Coopeasamblea y se prolongó por siete meses.
Entre los hallazgos se mencionan: una morosidad superior a la mostrada en libros y reportes contables. Se encontraron serias debilidades en el otorgamiento de créditos de la cooperativa y del fondo de cesantía.
Se favoreció a algunos asociados con plazos y tasas diferenciadas. No se ejerció una adecuada gestión de cobro, agravando la morosidad.
Los estados financieros y los sistemas informáticos estaban alterados para mostrar al día operaciones morosas; gastos irregulares, sin justificación razonable; se ocultaron pérdidas; se mostraron y distribuyeron excedentes que no eran reales.
La mala gestión administrativa llevó a la cooperativa a una falta de liquidez casi total, así como desvío ilegal de fondos de la cesantía hasta por ¢800 millones para utilizarlos como flujo de caja.
Las auditorías externas de los últimos años no evidenciaron ninguna de las irregularidades señaladas. Con la intención de evitar una supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se promovió la salida de los asociados pensionados, devolviendo el capital de inmediato, lo que agravó la iliquidez.
ZOZOBRA
DIARIO EXTRA recibió la preocupación de varios funcionarios legislativos que temen perder sus ahorros.
En un comunicado que la administración de Coopeasamblea divulgó a sus socios se les pide calma, no salirse de la cooperativa y prometen que los capitales se recuperarán si siguen los planes propuestos.
“Si las personas que renunciaron y los pensionados revocan su renuncia, manteniéndose activos, podrían recuperar su capital en el tiempo establecido en el plan que se indicará”, señala el comunicado.
Insisten en que a pesar de las pérdidas, “la cooperativa no va a quebrar”.
“El capital se mantendrá ‘congelado’ hasta que se logren recuperar esas pérdidas, en un plazo estimado de 5 años. Hacemos un llamado a no renunciar para evitar que en ese plazo estimado de 5 años puedan recuperar su capital”, agrega.
La administración actual buscó apoyo de otras cooperativas que ofrecieron un aporte de ¢800 millones para restituir la cesantía, además de un acompañamiento mediante un plan de normalización y reactivación para evitar el cierre de la cooperativa.
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DE INFOCOOP
1. No fue observado que se elabore y se ejecute un plan de trabajo anual en este órgano social. Coopeasamblea no dispone de un plan estratégico vigente que le permita ordenar, orientar y planificar sus acciones presentes y futuras.
2. El Consejo de Administración de Coopeasamblea en el año 2017 y en el año 2018 tomó un acuerdo que fue contra lo establecido en el artículo 26 del estatuto social de la cooperativa que pudo ayudar a afectar la liquidez de la cooperativa, realizando devoluciones de capital de ex asociados que superan a lo estipulado en dicho artículo, como fue el pago total de las 172 personas que renunciaron para que la cooperativa no fuese supervisado por la Sugef y en el 2018 cuando se dio el cambio legislativo.
3. El Comité de Vigilancia de Coopeasamblea no realiza revisiones periódicas de los estados financieros.
4. No cuenta con un Comité de Crédito.
5. El libro de actas del Consejo de Administración de Coopeasamblea presentaba un atraso de un año en la transcripción.
6. Se desconoce la ubicación del Registro Permanente de Asociados.
7. El Estatuto Social suministrado en algunos aspectos está desactualizado en relación con la Ley No.4179 de Asociaciones Cooperativas vigente y algunos pronunciamientos que ha resuelto el Infocoop.
8. La cooperativa mantiene un organigrama en el cual se muestra a la Asamblea General de Asociados como la máxima autoridad de la organización, no obstante, se muestra al Comité de Vigilancia y a la Comisión Electoral a un nivel superior que el Consejo de Administración y Comité de Educación y Bienestar Social.
9. Carece de la reserva de liquidez, la cual a julio 2019 debería ser de aproximadamente ¢572 millones.
10. Entre las políticas de riesgo del Reglamento de crédito no se contempló limitar la garantía fiduciaria por asociado, lo cual hace que la cooperativa sea más vulnerable a la materialización del riesgo de crédito, no solo por la persona asociada que es deudora, sino también por la fiadora.
11. En la prueba realizada de los créditos, a 14 asociados se observó que sus cuotas no han sido cubiertas en su totalidad por la deducción de planilla, por lo que los asociados deben realizar el pago por ventanilla, sin embargo en 10 casos por diversas razones no lo han hecho y han hablado con la gerencia para que no los manden a cobro judicial, a cambio de que registren los intereses acumulados por cobrar como parte de la deuda como un préstamo transitorio.
12. Dentro de la composición de la cartera de crédito, se encuentra la línea de crédito refunde Coopemora con un saldo que asciende a ¢780.893.169,93, la cual es una readecuación de deudas a una menor tasa y mayor plazo, con la finalidad de mejorar la liquidez del asociado, dicha línea se presenta como Cartera al día y no como cartera readecuada.
13. Coopeasamblea posee una finca de recreo, para la recreación de sus asociados, la cual a través de los años ha generado menos ingresos que los gastos propios de esa actividad. 14. De los préstamos que otorga a sus asociados retiene el 1% y lo registra como un ahorro adicional, cuando lo correcto es registrarlo como capital social pagado, a cada uno de los asociados que se le práctico dicho rebajo.
15. De las reservas establecidas por la Ley de Asociaciones Cooperativas, mantiene registradas otras Reservas, a saber, Reserva Patrimonial y Reserva Planificación Estratégica, las cuales no se encuentran incorporadas en el Estatuto Social y no tienen movimientos desde el periodo 2016.
16. No cuenta con un Reglamento para el uso de la Reserva de Bienestar Social.
17. De la revisión de la muestra de la cartera de crédito al 31 de julio del 2019, por ¢3.676.157.004,41 existen créditos vencidos por ¢1.362.321.170,12, corroborados con estados de cuenta a noviembre 2019 muchos de dichos créditos aparecen como al día, en la cartera de crédito de julio 2019, gracias a los “préstamos transitorios”.
18. Entre las obligaciones con el público de Coopeasamblea se encuentra un certificado de ¢603.358.716,93 que corresponde a la cesantía de los funcionarios de la Asamblea Legislativa a 9 meses plazo, el cual se ha venido renovando desde 2017 o antes.