Las investigaciones legislativas en torno a la Defensoría de los Habitantes se manejarán de forma secreta y nadie tendrá acceso a las audiencias porque serán privadas.
Los congresistas sesionaron a las 8 a.m. de este lunes para iniciar el proceso investigativo en relación con el supuesto uso irregular de un vehículo por parte de Catalina Crespo, exdefensora de los Habitantes.
Dicha investigación está en la Procuraduría General de la República, no obstante, el plenario quiso abrir una investigación parlamentaria porque el órgano defensor es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa.
Entre los legisladores presentes estuvieron Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso; Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio (FA); y Gilberto Campos, presidente del foro legislativo.
Los congresistas mantuvieron apagados sus micrófonos en la sesión y la declararon confidencial, a pesar que desde el Primer Poder de la República se viene hablando de transparencia y rendición de cuentas, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Judicial.
¿REFORMA?
Una de las consultas que surgieron en torno a esa privacidad para acceder a información sobre un evento de interés público es si plantearán alguna reforma para que las hagan públicas.
Esa acción ocurrió recientemente en la Asamblea Legislativa para la elección pública de la presidencia y vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Navas, diputada del Partido Nueva República (PNR), indicó que el tema de la privacidad en este tipo de investigaciones es una cuestión de legislación.
Comentó que sería necesario modificar el procedimiento administrativo porque se trata de procesos relacionados con un tema laboral.
Indicó que no es un asunto de la comisión especial de la Asamblea Legislativa, sino que se debe aplicar el procedimiento de la Ley General de Administración Pública.
“Sobre eso ya hay pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la misma Procuraduría General de la República. Eso también se dio en el caso de Alex Solís cuando fue cuestionado y luego separado de la Contraloría General de la República.
No es simplemente el tema de transparencia política, sino que por tratarse de un tema laboral disciplinario tiene esa restricción, de tal manera que desde ese punto tendría que estudiarlo y valorarlo porque se trata de una comisión totalmente distintas a las investigativas”, precisó Navas.
URGENCIA
Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC, indicó que sería urgente establecer reformas para garantizar transparencia en los procesos de investigación como en este foro legislativo.
“Por un tema de transparencia ante la ciudadanía y medios de comunicación, las sesiones de la comisión deberían ser públicas.
Ahora bien, si la Ley Orgánica de la Defensoría lo impide, nos parece que se podría valorar una reforma en esa dirección, siempre y cuando no se vea afectado la investigación”, indicó Rojas.
Los diputados deberán contar con un plazo cercano a los 15 días para tener los alcances de los informes pertinentes.