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Los atrasos en la ruta que comunica San José con San Ramón costarían al menos ¢92 millones, según estimaciones del Fideicomiso Ruta Uno, organización que está cargo del corredor entre la capital y Occidente.
El Fideicomiso deberá indemnizar al consorcio OBIS Ruta 1 CPC, integrado por las empresas Codocsa, Pedregal y Cacisa, por dichos atrasos en el primer lote de obras impostergables (OBIS).
Eduardo Solera, gerente de Ingeniería del Fideicomiso Ruta Uno, expuso que en las OBIS se generaron atrasos por efecto del tiempo que tardaron las entidades competentes para emitir permisos en corta de árboles.
Acotó que para el caso de la ampliación de los puentes sobre los ríos Segundo, Ciruelas y Alajuela el impacto en la obra fue mayor porque se ocupaba un permiso en zonas de protección de ríos y nacientes.
Reconoció que de acuerdo con la normativa ambiental vigente, se requiere la posibilidad de elaborar y publicar un decreto de conveniencia nacional, por lo cual resultó necesaria la elaboración de estudios de costo/beneficio.
“El Fideicomiso, respetuoso de la normativa ambiental, le requirió al contratista la preparación de los estudios indicados y una vez obtenidos estos se logró la publicación del decreto.
Todo ese proceso lastimosamente tardó mucho más de lo que se tenía programado y, consecuentemente, generó atrasos en la ejecución de las obras que obligan al Fideicomiso a aprobar el traslado de la fecha de finalización de las obras”, explicó Solera.
CONSIDERACIONES
La organización encargada de esta obra enfatizó que el tiempo adicional reconocido por el contratista a raíz de los efectos causados en el desarrollo de las obras solo consideró los plazos adicionales que ocuparon las instituciones respectivas para la aprobación y trámite de los recursos.
Esto se traduce en que no se consideraron plazos adicionales requeridos por el contratista para preparar los estudios de costo/beneficio ambiental.
Indicó que en el caso de la ampliación del puente sobre el río Segundo el impacto causado demoró el inicio de las obras y conllevó al reconocimiento de los costos indirectos en que debió incurrir el contratista.
Dicho proceso obedeció a los plazos adicionales requeridos por las instituciones para publicar el decreto y la emisión del permiso de corta. Sobre este afirmó que el monto no es aprobado porque está en reclamo por el contratista.
Fideicomiso Ruta Uno enfatizó en los casos del conector Barreal-Castella que los atrasos se debieron a los hallazgos arqueológicos y la definición de obras de relocalización de los servicios públicos.
Señaló que aunque solo se identificó un predio faltante, se logró detectar un error en el plano catastrado de la expropiación porque no pertenecía al propietario expropiado.
Solera enfatizó en que eso ameritó reiniciar el proceso expropiatorio.
“En este caso solo tuvo que aprobarse una ampliación en el plazo de construcción (sin reconocimiento de costo adicional) por los atrasos causados por la suspensión de las obras ordenada por el Museo Nacional para realizar las evaluaciones arqueológicas en los sitios encontrados.
No obstante, para el caso de las obras de ampliación del paso de la Firestone la falta de un terreno causó un importante atraso en las obras de relocalización de los servicios públicos, que corresponden a una actividad esencial para que el contratista pueda iniciar sus obras y avanzar en forma eficiente”, explicó Solera.
En el caso del Castella y la Firestone se reconocieron únicamente los plazos adicionales que se generaron por escenarios ajenos al contratista, sin que se haga un reconocimiento en costos adicionales.