Ataques armados y persecuciones marcan muertes de oficiales

Balaceras, persecuciones, accidentes de tránsito y operativos policiales forman parte de las circunstancias en las que 60 oficiales de la Fuerza Pública, Policía de Fronteras y Guardacostas perdieron la vida en cumplimiento del deber entre el año 2000 y mayo del 2026.

De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Pública, las provincias de Limón y Puntarenas concentran la mayor cantidad de casos registrados en este periodo.

Las estadísticas reflejan que muchos de los fallecimientos ocurrieron durante ataques armados, respuestas a emergencias, controles de carretera y persecuciones policiales, principalmente en zonas como Matina, Pococí, Corredores, Quepos, Garabito y Buenos Aires de Puntarenas.

Solo desde el 2020 se contabilizan 22 oficiales fallecidos en distintas regiones del país.

El 2024 se convirtió en el año más violento para los cuerpos policiales durante ese periodo, siete oficiales fallecidos en actos de servicio. Le siguen los años 2006 y 2009, ambos con seis casos registrados.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Batán de Matina, Limón, donde murió el oficial Gerson Rosales Cascante el pasado 13 de mayo del 2026. El agente fue herido de bala luego de que sujetos en motocicleta atacaran a disparos a dos oficiales que realizaban un recorrido policial.

Tras este caso, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, aseguró que las autoridades mantendrán una respuesta firme contra las estructuras criminales.

“Esta semana, lamentablemente, un compañero de nosotros perdió la vida a manos de un grupo de crimen organizado. Los cuerpos policiales se unieron. Trabajamos incansablemente para lograr la detención de esas personas”, manifestó.

Campos agregó que no permitirán más ataques contra oficiales. “No vamos a tolerar que sigan atentando contra compañeros de los cuerpos policiales. No vamos a tolerar que sigan atentando contra ciudadanos honestos”, afirmó.

Además, indicó que el ataque ocurrido en Limón marcó un límite para las autoridades. “El ataque que hicieron contra los cuerpos policiales y contra un compañero no fue sano. Se lo dijimos, cruzaron una línea que no tenían que cruzar”, expresó.

Otro de los casos que generó impacto ocurrió en marzo del 2025, cuando falleció el oficial Minor Martínez Molina, destacado en la Policía de Fronteras y asignado a la Operación Soberanía en Moín. 

El agente permaneció varios días internado en el Hospital Tony Facio tras resultar herido durante un enfrentamiento armado en Playa Bonita de Limón.

Para el abogado y experto en estupefacientes Adrián Quesada, este tipo de hechos representan una escalada preocupante del crimen organizado contra las autoridades.

“Cuando una organización criminal ataca directamente a un oficial de policía, el mensaje no es solo contra esa persona, es contra la institución y contra la presencia de las fuerzas policiales en diferentes zonas”, señaló.

Quesada advirtió que estos ataques podrían interpretarse como mecanismos de intimidación y control territorial por parte de bandas criminales.

“Esto es sumamente grave porque muestra que algunas bandas criminales ya no solo se enfrentan entre ellas, sino que están dispuestas a desafiar directamente a los cuerpos policiales”, indicó.

El especialista también consideró que este tipo de agresiones evidencian que las acciones policiales sí están afectando las operaciones de grupos criminales.

“Si atacan a la policía, es porque la labor policial les está causando un daño. La respuesta del Estado debe ser firme, técnica y sostenida, con más inteligencia policial, más investigaciones y más protección para los oficiales”, añadió.

El recuento también evidencia que varios oficiales murieron en accidentes de motocicleta, vuelcos de patrullas, caídas a precipicios y atropellos mientras atendían emergencias o realizaban controles vehiculares.

Entre las unidades más golpeadas figuran la Fuerza Pública, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), Policía de Fronteras, Guardacostas y cuerpos motorizados.