Atacar la defensa debilita derechos

Desde hace algún tiempo, la profesión de la abogacía se ha convertido en blanco de ataques sistemáticos que se intensifican en el espacio mediático y, con especial fuerza, en el discurso político electoral. Se ha instalado una narrativa peligrosa, simplista y profundamente injusta que pretende desacreditar a las personas profesionales en Derecho por el solo hecho de ejercer su función técnica, confundiendo deliberadamente el rol del abogado con la conducta de quien acude a él en busca de defensa o asesoría.

Estos cuestionamientos no surgen de un análisis jurídico serio ni del respeto al Estado de Derecho, sino de la ignorancia, el oportunismo político y la necesidad de construir enemigos visibles para alimentar discursos que aparentan justicia ante la ciudadanía. En ese contexto, se pone en duda el ejercicio legítimo de la profesión, se erosionan funciones desempeñadas conforme a la ley y se debilita la confianza pública en una de las columnas fundamentales de la democracia.

Lo más grave es que esta tendencia no afecta únicamente la reputación individual de quienes ejercen la abogacía, sino que golpea directamente los pilares del sistema de justicia: el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia. Atacar al abogado por cumplir su función técnica equivale a violentar el modelo de justicia que como sociedad hemos decidido adoptar.

El principio de inocencia no es un privilegio ni una concesión del sistema, sino una garantía esencial frente al poder punitivo del Estado. 

El abogado no solo conoce este principio, sino que lo materializa, asegurando que no sea una frase vacía, sino una realidad efectiva mediante el análisis riguroso de cada caso, la prueba y la normativa aplicable.

Una de las falacias más dañinas es juzgar al abogado por el tipo de clientes que representa. Etiquetas descalificadoras buscan asociar al profesional con el delito imputado, ignorando que el abogado no es autor ni cómplice, sino garante del debido proceso. Defender no es justificar, sino exigir que el Estado pruebe conforme a derecho.

La ética del abogado no se mide por la naturaleza de los casos que asume, sino por su apego a la legalidad y su independencia profesional. Defender la dignidad de la abogacía es, en última instancia, defender la dignidad de la justicia misma.