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“Basta ya de excusas, basta ya de evasiones. Hay muchas municipalidades que salen a gritar, protestar y oponerse. ¿Dónde estuvieron durante 20 años desde que cerró Río Azul (relleno sanitario) ?, durante todos esos años tuvieron silencio, inacción y abandono”.
Así reaccionó la ministra de Salud, Mary Munive, tras las quejas de 14 municipalidades a un decreto ejecutivo que modifica el manejo de residuos sólidos a nivel regional.
Los gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana (GAM) se unieron para recolectar firmas y solicitar de forma conjunta la derogación inmediata del decreto, al considerar que no se ajusta a la realidad actual y atenta contra la autonomía municipal.
Según los denunciantes, la normativa desconoce la realidad territorial y las limitaciones de infraestructura que enfrentan los municipios, lo que obstaculiza su gestión y frena el desarrollo de soluciones efectivas.
Aseguran que, de no atenderse, muchos cantones podrían quedar al borde del colapso, sin alternativas viables para la disposición final de residuos, lo que desencadenaría una crisis sanitaria y una emergencia ambiental.
Según los alcaldes, uno de los puntos más críticos es la restricción sobre la distancia máxima de disposición de residuos (80 km), lo que condiciona a las municipalidades a depender únicamente de los rellenos sanitarios más cercanos.
Criterios técnicos
Munive recordó que el relleno sanitario El Huazo pasó de recibir 675 toneladas de 5 municipalidades diarias de basura a 2.600 toneladas de 35 gobiernos locales por día. La jerarca de la cartera sanitaria aseguró que, desde el cierre del relleno, la solución era regionalizar la gestión de residuos y además indicó que el decreto no es una medida aislada, sino una respuesta necesaria, basada en criterios técnicos, evidencia científica, diálogo interinstitucional y amparada legalmente por la normativa nacional.
Por otra parte, rechazó que la autonomía municipal no puede ser utilizada como escudo para incumplir la ley, ni como pretexto para poner en riesgo la salud pública y el equilibrio ambiental.
“A quienes hoy se rasgan las vestiduras, les digo que su protesta llegó 20 años tarde, su gritó debió escucharse cuando se necesitaban las soluciones, no las excusas. No vamos a retroceder porque no estamos para complacer intereses locales”, concluyó.
¿Qué piden los municipios?
Alcaldes y alcaldesas de diferentes cantones solicitan, además de la suspensión inmediata del decreto, construir un nuevo plan que tenga metas diferenciadas por región, progresividad realista, inversión pública para infraestructura, incentivos fiscales, técnicos y financieros, así como una mesa de emergencia entre alcaldes y la cartera sanitaria.
Diego Miranda
Alcalde de San José
“Lo que sí queremos conversar con el Ministerio de Salud y con otras autoridades nacionales es cuáles medidas de emergencia vamos a tomar por la falta
de espacio y la falta de posibilidades en los rellenos sanitarios que hay en la GAM”.
Mary Munive
Ministra de Salud
“Eso no es gestión responsable, eso es negligencia ambiental y sanitaria. Las municipalidades no quieren asumir su responsabilidad y ahora quieren culpar a este ministerio cuando han ignorado la Ley 8839 desde el 2010 cuando no ejecutaron sus planes, abandonaron su deber legal y ético con el país.
Hoy estamos a las puertas de una emergencia nacional, y este problema es el resultado de 20 años de abandono municipal”.


