En el “Diario Extra”, miércoles 18 abril 2012, sección Opinión, con el título “Defender nuestros derechos”, expresé mi decisión de presentar un “Proceso Contencioso Administrativo de Puro Derecho”, contra el Estado Costarricense, por no cumplir, éste, en actualizar y pagar las diferencias y aguinaldos proporcionales del año 2008, en mi caso.
Tomé ese camino, obligado, por transcurrir más de tres años sin respuesta alguna a la llamada “Factura de Gobierno”, que pasó durmiendo placenteramente en archivos y gavetas durante este tiempo, sin asomar ni un poquito de “humo blanco”, en señal a mi reclamo. La vía legal mencionada la presenté con los abogados de la “Asociación de Pensionados de Hacienda y del Poder Legislativo (Asphal), propiamente con el Licenciado Aarón Jacob Ugalde Maxwell, por ser afiliado activo de esta asociación y jubilado del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, donde laboré por más de 31 años.
Hoy, gracias a la pronta intervención del señor Ugalde Maxwell y a Asphal, que desde el primer momento de mi afiliación puso a mi disposición sus servicios profesionales para llevar el asunto indicado; estoy recibiendo, un año después, la resolución Número 191-2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 26 de febrero 2013, donde se ordena el pago de lo adeudado por el Estado. Únicamente, con el Contencioso Administrativo, he logrado respuesta y justicia.
El Contencioso Administrativo obtuvo los resultados justos, ante un reclamo extremadamente justo; ante una larga espera que bien me alcanzaría la plena vejez u otra etapa más allá.
Este triunfo, no importa la cantidad de dinero recuperado, también debe recaer en decenas de compañeros jubilados de nuestra Institución, a quienes el Estado les adeuda pagos iguales o similares al presente, seguidos con otros profesionales independientes u organizaciones defensoras en este campo.
Lo no entendible para mí sigue siendo por qué, si son dineros legítimamente obtenidos con nuestro trabajo honesto, el Estado costarricense deja pasar años y años, hasta décadas, sin respuesta, hasta obligar al ciudadano a recurrir a otras instancias, donde el Estado se ve obligado a pagar lo que debe; incluso, a pagar intereses, multas, daño moral subjetivo, costas personales y otros conceptos que se convierten en dinero extra que debe desembolsar, pudiendo evitar. Y evitar molestias en el ciudadano, generalmente adultos mayores.
Agradezco a Asphal, a sus profesionales en Derecho, a su organización, su efectividad e interés por defender los derechos de sus asociados.
Insto a mis compañeros jubilados a seguir en la lucha por conquistar lo que nos pertenece, porque no son regalías, es nuestro salario dignamente logrado con trabajo limpio y transparente. Si no pellizcamos al Estado, nuestros derechos serán ignorados.
Agradezco al Diario Extra quien tomó mi queja hace un año y la hizo llegar a los ciudadanos y autoridades en los espacios de opinión, contribuyendo con este logro.