Costa Rica priorizó de forma sostenida su inversión en determinadas áreas, lo cual se traduce en la ausencia de atención a otras. Para lograr reforzar la inversión del Estado, han surgido desde hace varios años las asociaciones público-privadas.
Este instrumento constituye una alternativa para el desarrollo, al ser un contrato de largo plazo entre el Estado y los particulares para la gestión de bienes y servicios, en el cual la responsabilidad de la explotación corresponde al particular, bajo estándares predeterminados y la supervisión y fiscalización del Estado.
Mediante esta figura, el Estado aprovecha la experiencia e interés del sector privado para desarrollar infraestructuras y servicios de alto impacto social, optimizando el uso del espacio de endeudamiento público, pues es conveniente que este mantenga un límite con relación al producto interno bruto (PIB).
Tradicionalmente, los proyectos de infraestructura o prestación de servicios con construcción de infraestructura necesitan de grandes inversiones por parte del Estado, que, por compromisos presupuestarios, deben asumirse mediante deuda. En el caso de las asociaciones público-privadas, mientras que el Gobierno ofrece garantías, regula y supervisa; las erogaciones por diseño, construcción, mantenimiento y explotación quedan a cargo del asociado particular. Ello permite redirigir recursos públicos hacia otras áreas prioritarias.
Recordemos que infraestructura es uno de los pilares utilizados para medir el grado de competitividad del país. Diversas estimaciones apuntan a que tan solo en el sector transporte el país debería invertir al menos el 3% del PIB, mientras que los niveles actuales llegan apenas a un 1%. Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los sobrecostos y atrasos de la obra pública tradicional representan alrededor de un 35% de la inversión total, es decir que, en un escenario óptimo, América Latina podría alcanzar los mismos resultados con dos tercios del presupuesto actual. Por eso, se vuelven necesarias las asociaciones público-privadas, donde existen otras fuentes de recursos, con una gama de esquemas y variación en la participación.
Costa Rica cuenta parcialmente con legislación y mediana organización para ello, lo que lo ha llevado a ser superado por Panamá, de acuerdo con el Infrascope 2024 publicado por el BID. En este sentido, es necesaria la incorporación de otras modalidades que permitan la extensión tradicional de la figura, muy centrada en infraestructura, promoviendo nuevos campos de aplicación y una reingeniería organizacional, para aprovechar, a manera de ejemplo, la autorización comprendida en la Ley General de Contratación Pública para la implementación de asociaciones público-privadas. También es importante que se incentiven las convenciones con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que acompañen al país en la preparación y estructuración de este tipo de esquemas. En otros países, han sido empleadas con éxito, por ejemplo, en Canadá y Reino Unido han sido ampliamente utilizadas en sectores como la educación y la salud. Chile destaca como pionero en la implementación de las asociaciones público-privadas, habiendo desarrollado una red moderna de autopistas y aeropuertos.
Si bien el éxito de las asociaciones público-privadas no solo depende de la calidad del acuerdo inicial, sino también de muchos otros factores, es esencial la especial atención y énfasis en la supervisión y fiscalización continua por parte de agentes sin conflictos de interés; así como contar con eficientes mecanismos de evaluación para asegurar que los resultados previstos se materialicen y que el proyecto genere valor, tanto para los usuarios como para el Estado.
